Argentina

La libertad de prensa sigue transitando un sendero sinuoso padeciendo toda clase de agravios y descalificaciones que dificultan el ejercicio del periodismo.

La presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, siguió manifestando públicamente opiniones de r
rechazo hacia la prensa. El 15 de febrero de este año dijo: “Parece que hubiera casi una obsesión planificada de quebrar la esperanza y el orgullo de los argentinos”. Esa percepción sobre el trabajo periodístico ya había sido esbozada unos días antes, cuando sostuvo que “las soluciones no tienen “rating”, pero sí la tragedia y las grandes miserias”.

Dirigentes del oficialismo y funcionarios también atacaron, como el ex presidente Néstor Kirchner contra el diario La Nación. El diputado Carlos Kunkel, uno de los más importantes del kirchnerismo, criticó duramente un titular del diario Clarín del 23 de diciembre de 2008, sobre: “Néstor Kirchner se opuso y al final no baja la retención a la soja”. El legislador dijo que es “un método de tipo mafioso y extorsivo”.

El hecho de mayor tensión entre el gobierno y la prensa se registró el 25 de noviembre, el gremio Camioneros -conducido por Hugo Moyano, líder de la CGT, y de buena relación con el gobierno- bloqueó las plantas impresoras de los diarios La Nación y Clarín, impidiendo durante más de tres horas la salida de las publicaciones.

Reclamaban que “se terminen las cooperativas falsas o truchas de distribuidores” y que los empleados de las empresas adheridas a la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas fueran afiliados al gremio de los Camioneros.

Esa violenta manifestación terminó en febrero cuando el sindicato llegó a un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo para empadronar a sus trabajadores por lo que se perdió la neutralidad y la pluralidad en la distribución de diarios y revistas. El gobierno expresó su rechazo a través de su ministro de Seguridad y Justicia Aníbal Fernández, lo que se interpretó como un apoyo a la libertad de prensa.

En los últimos días, el gobierno demostró una actitud diferente sobre conflictos que afronta y respecto a los medios. La presidente participó en una reunión con representantes del agro para buscar solución a la grave crisis sobre la pretensión oficial de aumentar las retenciones a las exportaciones de soja; mientras que con relación a los medios, se dio instrucciones para que los ministros mantengan un diálogo más fluido con los periodistas, aunque sin abandonar el discurso del atril. El jefe de gabinete, Sergio Massa, intervino en afianzar esta política de apertura demostrando su voluntad de solucionar diversos problemas de diarios medianos y chicos. Ofreció que la pauta oficial se distribuiría más equitativamente hacia los diarios del interior y se terminaría con la asignación de inversiones publicitarias selectivas.

El 2 de febrero ocurrió otro hecho lamentable cuando fue sacado del aire el programa de radio Puntos de Vista, que emitía radio Del Plata conducido por Nelson Castro, uno de los periodistas más críticos del gobierno.

La emisora cambió de propietario pasando de Marcelo Tinelli a la empresa cordobesa Electroingeniería, relacionada al gobierno por medio de la obra pública.

El detonante pudo haber sido la difusión en el programa de un informe de la Auditoria General de la Nación en el que señalaba sobreprecios en el tendido de una línea de alta tensión entre Río Negro y Santa Cruz, obra realizada por Electroingeniería. La empresa negó que la salida de Castro haya obedecido a cuestiones políticas.

El cambio de manos de esta radio fue seguido con atención en medio de alertas de sectores políticos opositores que indican que se registra un alineamiento de medios con el gobierno por medio de compras y de la entrega de publicidad oficial. A fines de enero, dos dirigentes políticos opositores, Elisa Carrió y Gerardo Morales, anunciaron que pedirán a la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y a la SIP que se investigue “la compra de medios de comunicación por parte de grupos empresarios vinculados al poder con el objetivo de controlar las emisoras e instaurar la censura en el país”.

En lo positivo, el 11 de febrero se produjo un fallo judicial que obligó al gobierno a otorgarle publicidad al diario Perfil, uno de los de mayor contenido crítico hacia el oficialismo. Se trata de una resolución en segunda instancia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló el fallo en primera instancia que había rechazado el recurso de amparo presentado por la editorial.

La sentencia señala que Perfil estaba siendo discriminado, y entre sus antecedentes citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había condenado al gobierno de Neuquén, por retirar la pauta oficial del diario Río Negro. En junio de 2007, el máximo tribunal había dicho que “el Estado no puede asignar sus recursos de manera arbitraria, sobre la base de criterios irracionales”.

Para los camaristas, aunque Perfil se publique sólo los sábados y domingos y no alcance en tirada a otros que están bajo el control del Instituto de Verificación de Circulación, llega a un grupo significativo de lectores.

También la Corte Suprema ordenó al gobierno de La Pampa restituir la publicidad oficial a un conjunto de radios que fueron excluidas arbitrariamente. Otro fallo positivo fue que la Corte Suprema, declaró inconstitucional la ley que permitía el espionaje telefónico y de Internet.

La Corte en otra declaración defendió el derecho a la intimidad y a la privacidad, pero dijo también que hay que satisfacer el derecho a la información, especialmente en los procesos que hacen a la transparencia institucional.

Respecto del gasto en publicidad oficial, continuó creciendo sin sujetarse a ningún tipo de reglamentaciones.

Entre los problemas que demandan más atención figura la falta de decisión política para avanzar en una ley de acceso a la información pública. El anuncio de la presidente Fernández de Kirchner, sobre la inminente modificación de la ley de radio difusión, efectuado en la inauguración de las sesiones extraordinarias del Congreso, el 1 de marzo, disparó mayores controversias y sospechas.

El proyecto del gobierno es hasta ahora desconocido y se teme que podría ser utilizado para confrontar a los medios.

Varios políticos de oposición manifestaron reparos sobre las intenciones ocultas del gobierno. En el Congreso hay dos proyectos: uno pertenece a la diputada Silvana Giúdice de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión. El segundo proyecto corresponde a la diputada radical, pero de estrecha relación con el gobierno, Silvia Vázquez. Ambos proyectos no fueron tratados.