Bolivia

La situación de la libertad de prensa no ha variado en el último periodo. Si bien no existe una censura directa, los ataques contra el periodismo, especialmente gubernamentales, no han declinado y están destinados no sólo a desprestigiarlo sino a generar temor y censura.

En los últimos meses, a los ataques físicos y verbales contra la prensa y sus miembros, se han sumado las frecuentes amenazas telefónicas a los periodistas. Muchos de ellos, duros críticos del Gobierno, han denunciado que reciben en sus teléfonos celulares mensajes con amenazas anónimas contra ellos o sus familiares.

El presidente Evo Morales ha mantenido inalterable su estilo de atacar al periodismo independiente en cuanta oportunidad tiene, argumentando que la prensa es su enemiga y que está al servicio de la oligarquía, del imperialismo norteamericano y contra el cambio que propone.

Uno de los hechos más impactantes se produjo 9 de diciembre del año pasado. En un acto público realizado en el Palacio de Gobierno para recordar el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, el presidente Morales, en medio de su discurso transmitido en directo a todo el país por estaciones privadas y el canal estatal de televisión, llamó al periodista Raphael Ramírez, del diario La Prensa; le pidió que se colocara a su lado y lo conminó a probar la veracidad de un titular publicado ese día en el que señalaba que “Evo negoció luz verde con los contrabandistas dos meses antes”. El periódico se refería a las declaraciones de uno de los supuestos líderes contrabandistas de mercadería en 33 camiones que dijo haberse reunido con el primer mandatario dos meses antes a fin de obtener autorización de la presidencia para el traslado de la mercadería a Brasil.

El Presidente dijo que era así como el periodismo mentía, mientras insistía en que el periodista, que atinó sólo a quedarse callado, probara la veracidad de la información que estaba respaldada en las páginas interiores del diario con fotocopias de cartas escritas por el supuesto líder contrabandista.

En ese mismo acto, Evo Morales afirmó que “como (hace) dos o tres semanas, en primeras planas, en todos los periódicos dijeron que somos terroristas, pero después de que la derecha racista y fascista toma aeropuertos, bienes del Estado; ahí nos podemos dar cuenta quiénes son verdaderos terroristas. Ahí están los periódicos”.

El Presidente ni sus colaboradores presentaron pruebas de esas publicaciones. Seguramente se refirieron a la violencia desatada en septiembre de 2008 en el departamento de Pando, declarado bajo Estado de Sitio después del enfrentamiento armado entre opositores y oficialistas que dejó un saldo oficial de 13 muertos. Una comisión de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), en un documento con los resultados de sus investigaciones de esa que calificó como “masacre”, dijo que fue comprobada la muerte de 20 personas. Sin embargo, siete de los que dio como muertos, aparecieron vivos.

Casi todas las organizaciones periodísticas protestaron contra el escarnio público del periodista Ramírez. Realizaron manifestaciones y marchas en todo el país y los reporteros acreditados al Palacio de Gobierno, pusieron sus micrófonos, cámaras filmadoras y fotográficas, grabadoras y libretas de apuntes en la acera principal de la casa presidencial, en un gesto de inusual condena a la actitud del mandatario.

Ese hecho hizo que el presidente Morales anunciara también un virtual rompimiento con los periodistas a los que, meses antes, representantes del Gobierno querían separarlos de los dueños de los medios, señalando que los responsables de dirigir la información en su contra eran los propietarios y no los que fueron calificados como obreros de la prensa.

El Presidente tomó la decisión, el 11 de diciembre, de no convocar a sus conferencias de prensa a los periodistas de los medios privados, después de sostener que “sólo el 10 por ciento de los periodistas son dignos” Desde entonces, únicamente convoca a periodistas de medios estatales y corresponsales de la prensa internacional. Los medios independientes toman las informaciones de estas conferencias de las agencias internacionales o de la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Otro de los ataques a la prensa que adquirió connotación internacional se produjo el 24 de enero de 2009. El presidente Morales, en una conferencia de prensa para medios extranjeros y estatales, atribuyó a la cadena de televisión estadounidense CNN de haberlo vinculado al narcotráfico y al terrorismo en un programa en que, dijo, mostró su imagen junto a la del presidente de Irán. La corresponsal de CNN en Bolivia, Gloria Carrasco, en la misma conferencia, le respondió que su medio le había mandado una carta pidiéndole que diga en qué fecha sucedió aquello. Morales afirmó que él había visto la información y que decía la verdad, a lo que la corresponsal de CNN respondió: “yo también”.

El escarnio a Raphael Ramírez fue una de las 46 agresiones verbales o físicas a los periodistas, registradas desde octubre de 2008 por la Red de Vigilancia y Monitoreo sobre la libertad de expresión, dependiente de la ANP. Tres de ellos fueron contra medios del Estado y los otros 42 a medios privados. Estos ataques se produjeron a pedradas, palazos y estallido de artefactos explosivos, sin que se registraran víctimas fatales.

La campaña de desprestigio usada por el Gobierno contra los medios de comunicación, en sentido de que la prensa miente y no hay que creerle, se estrelló contra los resultados de las empresas encuestadoras Mori y Captura Consulting. La primera señaló que la credibilidad de la prensa en el país, en enero, se encontraba en el segundo lugar. Mori dijo que la encuesta fue realizada en las nueve capitales departamentales de Bolivia. Captura Consulting señaló que la credibilidad de la prensa estaba en tercer lugar, después de la Iglesia Católica y el empresariado nacional, según una encuesta en las cuatro principales ciudades del país. Hasta septiembre de 2007, la credibilidad de la prensa había bajado al noveno o décimo lugar.

Morales anunció que para defenderse de la prensa “derechista”, su Gobierno creará tres diarios.
El 22 de enero de 2009 comenzó a circular el diario Cambio, elaborado por periodistas que trabajan en la Dirección de Comunicación Social. Morales dijo que “será un diario de verdad”. Sin embargo, es un instrumento político más del Gobierno y se suma a los medios gubernamentales sostenidos con recursos del Tesoro General de la Nación, como son la red de la Empresa Nacional de Televisión (ENTV), con más de 120 repetidoras en todo el país, la red nacional de radio Patria Nueva, con 30 emisoras distribuidas en todo el país y la Agencia Boliviana de Información (ABI) que entrega servicios gratuitos por internet a todos los medios de comunicación estatales y privados del país.

Estos medios que son estatales pero que se encuentran al servicio exclusivo del Gobierno, fueron los principales instrumentos de las campañas proselitistas políticas a favor del SI, antes del referéndum que el 25 de enero de 2009 aprobó la nueva Constitución Política del Estado (CPE) por poco más del 62 por ciento.

El Gobierno cuenta con el apoyo incondicional de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FSTPLP), una de las mayores organizaciones de este gremio, que acusó al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Robert Rivard, de haber amenazado, durante un seminario en la ciudad de Santa Cruz, de llevar a Bolivia tropas en caso de repetirse agresiones contra periodistas.
Rivard fue uno de los expositores en un seminario que organizó la ANP sobre la libertad de expresión, el 6 de diciembre en Santa Cruz, donde se conocieron los testimonios de media docena de periodistas agredidos por grupos oficialistas y opositores. Entre ellos se encontraba la periodista Claudia Méndez que fue herida de bala en el pie derecho durante la ocupación del aeropuerto de Cobija, capital de Pando, el 13 de septiembre de 2008.

La justicia boliviana, sobre la que el Poder Ejecutivo ejerce mucha influencia, adoptó tibias acciones contra cabecillas de los ataques a periodistas por parte de movimientos sociales afines al Gobierno.

Un policía, David Leytón Alborta, que vestido de civil agredió a palazos a un camarógrafo de televisión en Santa Cruz, el 19 de agosto de 2008, fue detenido preventivamente el 24 de octubre pero liberado poco después con medidas sustitutivas a su detención.

Una juez ordenó en La Paz, el 21 de enero, la detención de Adolfo Cerrudo, un oficialista que en reiteradas ocasiones dirigió grupos de choque para atacar a periodistas y medios y que amenazó con violar a una periodista de un diario paceño.

Otro juez ordenó al dirigente cívico popular, Edgar Mora, abstenerse de acosar a los periodistas.

Mora dirigió los grupos de choque contra los periodistas que acudían a una cárcel de La Paz donde se encuentra apresado el Prefecto (Gobernador) del departamento de Pando Leopoldo Fernández, desde septiembre de 2008. El grupo del comité cívico popular se instaló desde entonces en frente de la puerta de la céntrica cárcel para evitar que Fernández y otros de sus correligionarios detenidos también en Pando, puedan huir o ser liberados. Este grupo agredió a empujones y lanzó amenazas contra los periodistas que acudían a ese lugar.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) recibió la adhesión de la numerosas asociaciones nacionales e internacionales en su demanda de anulación del inciso II del Artículo 108 del proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE), por considerarla un atentado contra la libertad de prensa y expresión y a la democracia, ya que condicionaba toda información y opinión a ser difundida por medios de comunicación, a mantener los principios de veracidad y responsabilidad.

Un acuerdo parlamentario determinó que si bien se mantenían en el proyecto los condicionamientos de veracidad y responsabilidad, “estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, quedando por fuera el criterio de cualquier autoridad gubernamental que arbitrariamente podría decidir qué es o no veraz o responsable en una opinión o información.

El 3 de marzo, Pedro Pérez, jefe de prensa y presentador de noticias del canal 15 RTV de la ciudad oriental de Montero, al este del país, denunció amenazas anónimas en su contra que provendrían de las personas que el 9 de febrero lo agredieron a él y a su camarógrafo, Erick Balcázar, cuando cubrían una toma de terrenos en las afueras de Montero. Ambos fueron golpeados con garrotes por una decena de personas. Pérez, quien interpuso una denuncia ante la Policía, sufrió una fractura en el pie. En el mismo incidente también fueron agredidos el periodista William Wasase y el camarógrafo Mariano Delgado, de la estación Ángel TV.