Canadá

En estos últimos meses los canadienses han recordado casos de libertad de prensa no resueltos, han saludado el retorno de un periodista secuestrado en el extranjero y han temido por el destino de dos mujeres que permanecen desaparecidas. Igualmente, hay varios casos notorios que siguen ante los tribunales pero que podrían tener implicancias a nivel nacional en los próximos meses.

El 18 de noviembre, los canadienses recordaron a Tara Singh Hayer, asesinado hace una década. Hayer, cuya muerte sigue siendo un misterio, era editor del Indo-Canadian Times cuando lo mataron a tiros en su casa de Columbia Británica en 1998. Si bien no se conocen oficialmente las circunstancias de su homicidio, muchos aseguran que sus investigaciones acerca de la bomba colocada en un vuelo de Air India en 1985 lo convirtieron en blanco de la violencia. Los Periodistas Canadienses a favor de la Libre Expresión han exhortado a la Real Policía Montada de Canadá a que resuelva los detalles del caso.

En febrero de este año, la periodista egipcio canadiense Heba Aly fue expulsada de Sudán. Aly estaba investigando la industria bélica sudanesa mientras se procesaba su credencial de prensa. En el curso de sus investigaciones, fue interrogada por la agencia de seguridad del Estado de Sudán y luego se le ordenó abandonar el país aduciendo violación de las leyes migratorias y por involucrarse en actividades que podrían “perjudicar la Seguridad Nacional de Sudán”. Aly ya ha sido interrogada por funcionarios sudaneses en el pasado. El pasado mes de diciembre fue detenida cuando abandonaba Jartum para regresar a Canadá por Navidad. La policía registró su computadora, sus notas, y borró imágenes que guardaba en su cámara digital.

Cuando estaba cumpliendo una misión en Afganistán, en octubre del 2008, la periodista canadiense Mellissa Fung y su camarógrafo fueron secuestrados cerca de Kabul. Fung fue liberada el 8 de noviembre y el Primer Ministro Harper confirmó que no se pagó rescate alguno. El retorno de Fung fue ensombrecido por otros dos casos que continúan sin resolverse. Mientras trabajaba en un documental para Al Jazeera, la periodista canadiense Khadija Abdul Qahaar, también conocida como Beverley Giesbrecht, fue secuestrada el 11 de noviembre al norte de Pakistán. The News International sostiene que sus secuestradores están exigiendo el pago de $150,000 y la liberación de ciertos prisioneros en una cárcel afgana a cambio de su liberación.
También se encuentra desaparecida la periodista canadiense Amanda Lindhout, secuestrada el 23 de agosto mientras trabajaba en Somalia. Sus secuestradores habían exigido el pago de US$2,5 millones antes del 28 de octubre, pero han reducido el monto a US$ 100,000 ampliando el plazo hasta el 23 de enero. Lindhout estaba trabajando en una nota sobre los refugiados para el canal de televisión France 24 al momento de su secuestro. La Asociación Canadiense de Periodistas ha exhortado al Primer Ministro Harper a renovar los esfuerzos por encontrar a las mujeres desaparecidas.

Este año también se han presentado numerosos retos legales. En febrero, la Corte Suprema escuchó los argumentos en el caso Cusson vs. Quan (ciudadano de Ottawa). Se espera que este caso termine con la creación de una nueva ley de defensa basada en un periodismo responsable a favor del interés público, una defensa ya adoptada por la Corte de Apelaciones de Ontario. En el caso del National Post vs. Su Majestad, los abogados están luchando por que la Corte Suprema reconozca que las fuentes confidenciales son cruciales para informar en aras del interés público. Igualmente, la organización Periodistas Canadienses a favor de la Libre Expresión está interviniendo en el caso de Amir Attaran, un profesor universitario que está peleando por la divulgación de informes sobre derechos humanos en el trato que se les da a los detenidos en Afganistán. “Los periodistas se amparan en la Ley de Acceso a la Información para obtener información gubernamental y así brindar al público información, comentarios, y análisis de las políticas y operaciones del gobierno”, sostiene la organización. “Sin la capacidad de solicitar y obtener información, no podrían cumplir con tan importante función a favor del interés público”.