Colombia

Este semestre se caracterizó tanto por frecuentes acusaciones del Gobierno a los periodistas, como por denuncias de amenazas y obstrucción a su trabajo provenientes de funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública y ciudadanos en el marco de protestas sociales y manifestaciones en distintas regiones del país, que dejaron con heridas de consideración a cuatro reporteros: uno en el departamento de Putumayo, otro en Santander y dos en el Tolima.
En el Atlántico y Santander, un alcalde y un concejal, respectivamente, insultaron y agredieron a dos periodistas por estar en desacuerdo con la información publicada por ellos. En el Valle del Cauca, funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, detuvieron a dos periodistas extranjeros y retuvieron su material periodístico. Igualmente le ocurrió al periodista Morris durante el proceso de liberación de seis secuestrados que estaban en poder de las FARC. La actuación de Morris, como la del periodista Jorge Enrique Botero en ese episodio, fueron duramente criticadas por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y por el presidente Álvaro Uribe, quien dijo que los periodistas se escudaban en su condición de tal para ser “permisivos cómplices del terrorismo”, comentario que criticó la SIP.

De otro lado, la revista Semana divulgó informaciones que daban cuenta de la interceptación ilegal de teléfonos que el DAS venía haciendo, de manera sistemática y selectiva, contra magistrados, políticos y periodistas, en su mayoría directores de medios de comunicación. En relación con estos últimos, y según la fuente citada por la revista, con el propósito de intimidarlos, identificar sus fuentes y conocer la línea editorial en la que estaban trabajando.

En varias oportunidades, funcionarios del gobierno volvieron a descalificar la forma como los periodistas ejercen su labor, sobre todo cuando esta se enfoca en la fiscalización del ejercicio público y político. El asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, acusó a algunos periodistas de comprar información reservada y calificó como delito la publicación de materiales obtenidos como producto de un trabajo investigativo. La revista Semana calificó de “maquiavélica campaña difamatoria” lo dicho por el asesor.
En este semestre se incrementaron las demandas contra periodistas por el ejercicio de su profesión. Las de mayor resonancia fueron las instauradas por un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, en contra de los directores de las revistas Semana y Cambio, Alejandro Santos y Rodrigo Pardo, respectivamente, y de los columnistas Daniel Coronel, Mauricio Vargas y María Jimena Dusán. El magistrado ha solicitado, vía tutela, que se rectifique toda información u opinión en la que se haya

En el plano legislativo, siguen en curso, sin mayores avances, el estudio de un proyecto de ley estatutaria que regula el derecho a la información con graves implicaciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo, y un proyecto que busca la protección de derechos a la honra y al buen nombre individual y familiar, que igualmente incluye disposiciones inconvenientes. Del mismo modo, cursan proyectos de ley en los que se advierte una orientación a restringir en los medios la publicidad de determinados medicamentos.
En el área de lucha contra la impunidad, se destaca la condena al ex alcalde de Barrancabermeja Julio César Ardila Torres a 28 años y 4 meses de cárcel; a Juan Pablo Ariza, candidato al Concejo Municipal de Barrancabermeja, y Abelardo Rueda Tobón, aspirante a la Asamblea Departamental de Santander, como coautores del asesinato del periodista José Emeterio Rivas, asesinado el 6 de abril de 2003.
Entre las violaciones a la libertad de prensa, se destacan:
En octubre, varios periodistas del Valle del Cauca reportaron amenazas y llamadas intimidatorias para que dejaran de informar sobre una investigación que adelantaba la Fiscalía General de la Nación sobre la presunta participación de miembros de la Policía en el robo a entidades bancarias.
En el Cauca, medios de comunicación que pertenecen a las comunidades indígenas denunciaron que sus páginas de Internet fueron bloqueadas en momentos en que tenían lugar enfrentamientos de sus miembros con la Fuerza Pública.

Evelin Coba, periodista del diario La Libertad de Barranquilla, fue agredida verbalmente por el alcalde de la población de Sabanalarga, en el Atlántico, Carlos Roca Roa. Según informó la FLIP, el funcionario se hizo presente en la sala de redacción del diario e insultó a Coba por la publicación de un informe que reseñaba la sanción a ese municipio por no informar, en los plazos establecidos, sobre el uso de dineros públicos provenientes de regalías en el año 2007.

Dos periodistas franceses fueron detenidos por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por su presunta participación en actividades ilícitas y por tener visas que no los autorizaban para el cubrimiento periodístico de las protestas de los cortadores de caña de azúcar en el Valle de Cauca. Los extranjeros denunciaron que les fue copiado el material periodístico de sus cámaras.
Fernando Cifuentes y Leonardo Montoya, corresponsales de Noticias UNO en Antioquia y Chocó, respectivamente, denunciaron amenazas del abogado Leonel Torres, a raíz de una investigación del medio sobre sus presuntas actuaciones irregulares.

Seis integrantes de la Policía Nacional en Soacha, Cundinamarca, amenazaron de muerte a los periodistas del canal local HV Televisión, mientras realizaban una nota sobre la ingestión de bebidas alcohólicas durante horarios de servicio.

En noviembre, un juez penal ordenó el arresto por tres días de Alejandro Santos Rubino, director de Semana, después que la revista se negó a rectificar por tercera ocasión – después de haberlo hecho en dos oportunidades en cumplimiento de fallos de tutela – por el contenido de un artículo titulado “El mecenas de la justicia”, publicado el 28 de abril de 2008. En esa nota se cuestionaba la influencia y vínculos de amistad de Ascencio Reyes con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y otros altos tribunales.

La acción de tutela y el incidente de desacato, que culminó con la orden de arresto y una multa en contra del director de Semana, fueron promovidos por José Alfredo Escobar Araújo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

La Corte Constitucional tuteló el derecho de la periodista Claudia Julieta Duque, protegida por el DAS, quien reclamó la devolución de reportes de sus actividades personales hechos sin su autorización. El fallo de la Corte establece que el Estado solo puede recopilar información privada previa autorización legal y ordenó al DAS entregar toda la información que sobre la periodista se encuentre en los archivos del organismo de seguridad.

Jazmín Romero, de Vanguardia Liberal, y Mario Ruiz, del canal Pase TV, en Santander, reportaron amenazas. Romero tuvo que salir de la región en 2007 por amenazas relacionadas con informaciones de carácter electoral, mientras que Ruiz fue amenazado luego de dirigir un foro que promovía la veeduría de los medios de comunicación sobre una licitación de la Alcaldía del municipio de Socorro.

También en Santander, el periodista Rosberg Perilla, del canal local Enlace TV, denunció que fue golpeado por el concejal Nelson Riaño Galvis a quien cuestionaba por presunto enriquecimiento ilícito.

Varios periodistas fueron amenazados, intimidados y agredidos en Mocoa, capital del Putumayo, mientras cubrían las protestas ciudadanas por el cierre de los negocios de captación ilegal de dinero. Las agresiones contra los periodistas que cubrían el cierre de las empresas DMG y DRFE se extendieron a otros lugares del país durante los meses subsiguientes.

En enero, la jueza Primera Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, Nelly Vallejo Aranda, condenó al ex alcalde de Barrancabermeja Julio César Ardila Torres, a 28 años y 4 meses de cárcel; a Juan Pablo Ariza, candidato al Concejo Municipal de Barrancabermeja, y Abelardo Rueda Tobón, aspirante a la Asamblea Departamental de Santander, como coautores del asesinato del periodista José Emeterio Rivas, asesinado el 6 de abril de 2003.
La SIP destacó la condena como el hecho de que al ex alcalde Julio César Ardila, según la sentencia de la jueza, le fue negado el derecho a la prisión domiciliaria, como también el derecho a la suspensión condicional de la pena, es decir que no recibirá rebajas en los años de prisión por no haber colaborado con la justicia. El ex alcalde Julio César Ardila Torres sólo tendrá derecho al recurso de apelación, de conformidad a lo establecido en la ley.
En febrero, en diferentes oportunidades, tanto el presidente Álvaro Uribe como el ministro de Defensa Juan Manuel Santos calificaron al periodista Morris de “amigo del terrorismo”, de hacer “apología de la violencia” y ser “cómplice de las FARC”. El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, sostuvo que “las fallas profesionales en que haya incurrido Morris en ningún caso justifican los desmedidos calificativos del Gobierno”, y que más allá de la conducta periodística de Morris se ha incentivado “un necesario debate entre los profesionales y la sociedad sobre el papel del periodismo en temas y contextos sensibles”.

Morris, director del programa periodístico “Contravía” y corresponsal de medios extranjeros, informó haber recibido varias amenazas de muerte a través de mensajes dirigidos al correo electrónico de “Contravía” .Uno de los mensajes decía: “Auxiliador de las FARC, deberías estar muerto por apoyar a un grupo de delincuentes que le hacen tanto daño al país”.

En la primera semana de febrero, un pasquín, presuntamente de la organización paramilitar “Águilas Negras”, que fue distribuido en Barranquilla, declaraba objetivos militares, entre otros sectores de la ciudadanía, a varios periodistas, a quienes les advertía “cierren la boca, o los jodemos”.
El 24 de febrero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por los efectos negativos que tiene para la libertad de prensa, la interceptación de llamadas telefónicas realizadas por el DAS contra varios periodistas tras conocerse una denuncia de la revista Semana según la cual fueron destruidos una gran cantidad de archivos entre los que se encontraban grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre varios políticos, magistrados y periodistas, entre los que se encuentran Daniel Coronel, director de Noticias UNO; Alejandro Santos, director de Semana; Félix de Bedout, periodista de la W Radio; Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio; Darío Arizmendi, director de Caracol Radio, y Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador. Este último es además el abogado del magistrado César Julio Valencia, quien adelanta un proceso penal contra el presidente Uribe. Según la fuente citada por la revista, el propósito es intimidarlos, identificar a sus fuentes y conocer la línea editorial con la que estaban trabajando.

El 27 de febrero, el Fiscal General de la Nación calificó de atrevida y desafortunada la declaración del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, según la cual él estaba traficando con información, y aclaró que la reunión que sostuvo con el director de la revista Semana Alejandro Santos, “fue pública y lo que buscaba era obtener información sobre las interceptaciones ilegales hechas por funcionarios del DAS”. José Obdulio Gaviria acusó al Fiscal en diversos medios de comunicación de haberse citado con el director de la revista Semana en un restaurante, y consideró que esa reunión era una “irregularidad enorme”.
Gaviria dijo asimismo que consideraba un delito la publicación de interceptaciones telefónicas. El gremio periodístico en general rechazó las afirmaciones de José Obdulio Gaviria, mientras que la revista Semana expidió una declaración que advertía lo siguiente: “1. Esta revista tiene como política editorial no comprar información en ninguna circunstancia. 2. De igual forma, esta publicación tiene como uno de sus principios tutelares el respeto a la confidencialidad de las fuentes, amparada en la Constitución Nacional, y en la ética que rige el ejercicio del periodismo. 3. Nos preocupa que esta maquiavélica campaña difamatoria pueda conseguir su objetivo de amedrentar a las fuentes e impedir que se sigan descubriendo graves hechos delictivos que la opinión pública tiene el derecho de conocer. 4. Semana reitera su compromiso de buscar la verdad con honestidad para fortalecer la democracia”.