Cuba

El ejercicio de la libertad de expresión atraviesa momentos deplorables, agravado por la crisis económica que se profundizó tras el paso de tres huracanes a fines de 2008, la disminuida capacidad financiera del Estado y la reciente purga política en la cúpula gubernamental.

Las pérdidas de $10.000 millones por los desastres naturales, la destrucción de un 30 por ciento de los cultivos y el alza del precio de alimentos y combustibles en el mercado mundial, ofrecen un panorama poco alentador para un gobierno que acaba de cumplir 50 años sin escuchar los reclamos democráticos de la comunidad internacional.

Al cumplirse un año de gobierno bajo el general Raúl Castro, las expectativas de cambio generadas y las promesas de “transformaciones estructurales profundas” han cedido ante el inmovilismo, la recentralización del poder en manos de militares y veteranas figuras de la nomenclatura, y los controles sobre los medios de comunicación y el acceso a la información. El retirado Fidel Castro permanece como un punto de referencia mediante sus “reflexiones” en la prensa.

El gobierno firmó el pasado año sendos acuerdos internacionales sobre derechos humanos en Naciones Unidas –el Convenio Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio para los Derechos Civiles y Políticos. Pero más allá del compromiso retórico, ningún avance concreto se registró hasta ahora en beneficio de la circulación de información, libertad de asociación y en el tratamiento a los periodistas presos.

La cifra de periodistas presos se mantiene en 26, bajo sentencias que oscilan entre 28 y un año de cárcel.

El país se debate entre la necesidad de abrirse al mundo exterior y la renuencia a liberar las compuertas internas. El Tribunal Supremo Popular ha dictado la Instrucción 88/2008 para recrudecer las sentencias judiciales y proceder con máxima celeridad en el enfrentamiento del delito. En algunas poblaciones del interior se aplicó la llamada Operación Victoria, una suerte de estado de sitio para controlar a vendedores ilegales y especuladores. Se continúan aplicando los controles de movilidad ciudadana para impedir los desplazamientos no autorizados hacia la Ciudad de La Habana de personas con residencia en otras provincias, según estipula el decreto-ley 217 de abril de 1997, vigilancia que afecta particularmente a disidentes y periodistas independientes. En la Ciudad de La Habana más de 1,000 policías han entrado en servicio en lo que va del año con vistas a reforzar la vigilancia y reprimir los actos delictivos.

Desde finales de octubre se han documentado 85 acciones represivas contra el ejercicio periodístico independiente dentro de Cuba, incluyendo multas, decomisos de dinero y materiales de trabajo, intimidaciones, requisas de domicilio, arrestos temporales, despidos laborales, deportaciones a su provincia de origen, interrupciones telefónicas, violaciones de correspondencia y bloqueos cibernéticos. La cifra supera la cantidad de hostigamientos registrados en el semestre anterior.

El acoso gubernamental no sólo afecta a los más de 60 reporteros independientes en el país, sino también al incipiente movimiento de blogueros, activo a pesar del control oficial al acceso a internet. Una veintena de bitácoras autónomas -varias con seudónimos- se han añadido a la lista de más de 300 blogs adscritos a publicaciones oficialistas o con la anuencia de las autoridades.

A comienzos de diciembre, la policía trató de abortar un taller de blogueros en la provincia de Pinar del Río, convocado por la revista alternativa Convivencia. Al menos cinco blogueros, entre ellos la internacionalmente conocida Yoani Sánchez (Generación Y), fueron citados por agentes de la Seguridad del Estado para advertirles que no tolerarían el evento por considerarlo una “acción contrarrevolucionaria”.

La casi totalidad de los blogs independientes son inaccesibles desde Cuba, debido a que el gobierno bloquea la señal cibernética. Las autoridades cubanas restringen el acceso de la población a la internet, argumentando la necesidad de un “uso social” de la red como consecuencia del embargo estadounidense, que no permite la conexión a cables submarinos de fibra óptica, y que obliga a realizarla a través del satélite.

En noviembre fue publicada la Resolución 179/2008 del Ministerio de Informática y Telecomunicaciones (MINTEL), que establece estrictas reglas para los proveedores del servicio de internet dentro de Cuba. Una de las cláusulas del decreto obliga a los proveedores a “adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado”. El incumplimiento está sujeto a la aplicación de severas medidas como la invalidación definitiva de las licencias para operar.

El gobierno proyecta para 2010 la conexión a un cable de fibra óptica desde Venezuela, proyectado para el 2010, aunque no significará que las autoridades permitan el acceso a la internet sin controles, según aclaró el MINTEL.

Cuba reporta oficialmente 1.4 millones de usuarios nacionales de redes informáticas, pero la cifra de personas con acceso pleno a la internet apenas alcanza las 300.000. Las tarifas públicas por una hora de conexión a internet en cibercafés y hoteles oscilan entre 6 y 8 dólares, pero el servicio está mayormente reservado para extranjeros.

A principios de marzo, un grupo de periodistas independientes y activistas disidentes lanzó una campaña masiva de recolección de firmas a nivel nacional para solicitar la apertura del servicio de internet a toda la población.

En diciembre, activistas y periodistas cubanos exiliados anunciaron que reeditarán en España la revista bimestral De Cuba, financiada con fondos privados y cuyas páginas serán dedicadas a la producción periodística desde la isla. La publicación, surgida como un esfuerzo editorial alternativo en el 2002, apenas pudo publicar tres números dentro de Cuba, y fue utilizada como “evidencia delictiva” contra sus gestores en los juicios de la llamada Causa de los 75, en la primavera del 2003. La iniciativa busca propiciar una ayuda económica a los periodistas independientes, mediante el pago de sus colaboraciones.

En cuanto a los 26 periodistas encarcelados bajo cruentas condiciones de confinamiento, el gobierno no ha accedido a las peticiones de organismos internacionales y familiares para la liberación por razones humanitarias de una docena de ellos, afectados por padecimientos crónicos.

Entre las situaciones más alarmantes figuran:

Normando Hernández, condenado a 25 años, trasladado el 25 de febrero a la prisión provincial Kilo 7, en Camagüey, luego de una estancia de un mes en el hospital de la prisión del Combinado del Este en La Habana. Padece del síndrome de mal absorción intestinal, pólipos vesiculares e hipertensión arterial. Está además bajo tratamiento siquiátrico. El gobierno cubano se ha negado a considerar su salida mediante una visa humanitaria otorgada por el gobierno de Costa Rica en abril del 2007, además de que desde el 2001 tiene visado estadounidense para emigrar con su esposa.

Doctor José Luis García Paneque, condenado a 24 años, confinado en la prisión de Las Mangas, en la provincia Granma. Sufre de anemia y malnutrición como resultado de padecer el síndrome de mal absorción intestinal. Se le diagnosticó además un quiste de riñón y tiene serias afectaciones nerviosas. Su esposa y cuatro hijos menores emigraron a Estados Unidos a comienzos del 2007.
Doctor Alfredo Pulido López, condenado a 14 años, en la prisión de Kilo 7, en Camagüey. Su situación se ha agravado durante el actual año. Padece de neuralgia occipital, osteoporosis, problemas en la cervical, gastritis crónica, hemorroides intestinales sangrantes, problemas respiratorios crónicos y trastornos mentales. Su esposa, Rebeca Rodríguez, ha pedido respaldo a instituciones como la Cruz Roja Internacional para que intercedan a favor de la liberación del prisionero enfermo.

Pedro Argüelles Morán, condenado a 20 años, padece de cataratas avanzadas en ambos ojos y ha perdido casi completamente la visión. Argüelles, de 60 años, fue llevado a una celda de castigo el 1° de marzo por negarse a vestir el uniforme de reo común.

Pablo Pacheco, condenado a 20 años, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Canaleta, Ciego de Ávila. Pacheco tiene diariamente que curarse una úlcera en la pierna izquierda, padecimiento agravado en las condiciones de insalubridad del penal. Se ha negado en varias ocasiones a ir esposado de su celda a la enfermería del centro penitenciario donde es curado.

Un minusválido se halla entre los periodistas presos: Miguel Galván Gutiérrez, ingeniero de profesión, sentenciado a 26 años.

El desempeño de la prensa extranjera dentro de la isla enfrenta también las presiones gubernamentales. Las autoridades han recrudecido los controles para el otorgamiento de visas a corresponsales extranjeros que intentan viajar a la isla para coberturas temporales, y han limitado las opciones de los periodistas acreditados como corresponsales permanentes.

En noviembre, el Centro Internacional de Prensa (CIP), que supervisa la actividad de la prensa extranjera, advirtió a los corresponsales acreditados que no podían viajar a las zonas afectadas por los huracanes sin la debida autorización de las autoridades cubanas.

Para las coberturas oficiales, el CIP ha impuesto reglas estrictas que comprenden desde la llegada puntual para el “chequeo técnico” de los periodistas extranjeros hasta la observancia de “un vestuario apropiado”.

En la prensa oficial se publican cartas de lectores con ataques a los corresponsales extranjeros que supuestamente distorsionan la realidad nacional o no pueden aquilatar “el sentimiento popular” hacia su líder Fidel Castro.

El propio Fidel Castro se quejó en una de sus recientes “reflexiones” (12 de febrero del 2009) de que “algunas agencias y publicaciones” lo calificaran de anciano, convaleciente de una grave enfermedad o “algún otro calificativo dirigido a reducir el modesto valor” de sus afirmaciones.

En ocasión del 50 aniversario del triunfo revolucionario de 1959, la prensa oficial viene dedicando desde el pasado año grandes espacios a discursos y episodios históricos en la vida de Fidel Castro, a quien se cataloga de “guía y estímulo permanente en el quehacer periodístico”.

En febrero, el gobierno cubano presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual afirma en la sección dedicada a Derechos Civiles y Políticos: “En Cuba existe un amplio debate acerca de los más diversos temas de la vida política, económica, social y cultural, tanto de la nación como de todo el planeta (…) [y] se propicia la más libre creación, lo que trae consigo una intensa actividad intelectual que queda reflejada en diversas publicaciones que circulan de manera habitual por todo el país, y en las diferentes obras que genera la gran diversidad de nuestro movimiento artístico. En el país existen 723 publicaciones periódicas, 406 en soporte papel y 317 en soporte digital, así como 91 radioemisoras”.