Discurso del Vicepresidente Julio Cobos en la 65º Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa

Agradezco la invitación para compartir con ustedes la sexagésima quinta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, como así también haber elegido nuestro país, por tercera vez, para desarrollarla.

Quiero brindarles a directivos, editores y periodistas de diarios y agencias informativas de América, una cordial bienvenida y al mismo tiempo, hacer llegar un afectuoso saludo y destacar la presencia en nuestro país de los ex presidentes César Gaviria, Carlos Mesa y Julio María Sanguinetti.

En primer lugar quisiera poner en valor los objetivos que persiguen desde esta entidad: la defensa de la libertad de prensa; los debates permanentes sobre las responsabilidades del periodismo y la promoción técnica y profesional que realizan, ofreciendo becas, premios e intercambios que estimulan la labor de los periodistas.

Comunicarse consiste en compartir con los otros una información, una idea, una realidad, una opinión. El derecho a la libertad de expresión, como todos los derechos individuales, es propio de la naturaleza humana y surge a partir de la existencia misma del hombre. La persona como tal, es digna y merece respeto. Sus opiniones e ideas no pueden ser limitadas o calladas bajo ningún concepto. Es justamente por esta dignidad que ningún gobierno o persona puede cercenar esos derechos. Todo acto de censura, provenga de quien provenga, constituye una violación a un derecho fundamental y no puede tener cabida en un Estado de Derecho, democrático y republicano.

La libertad de expresión compone uno de los pilares fundamentales de la democracia. Bajo ningún aspecto un Estado puede obstruir la libertad de expresión de las personas, su función es velar por ella, garantizándola. Este punto es fundamental porque el Estado es el garante de los derechos de los ciudadanos, no puede limitar las libertades, ni funcionar como un dique que impida su desarrollo. Por el contrario, debe funcionar como un canal, que conduzca los derechos y permita que se desarrollen sin ningún tipo de limitación; si en alguna medida esto no sucede, la democracia está en incompleta.

El proceso de reconocimiento y consolidación del derecho a la libertad de prensa, posee distintos antecedentes jurídicos de suma importancia, vale la pena recordar algunos de ellos.
• El artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (proclamada en 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente emanada de la Revolución francesa) que refiere a la libre comunicación de pensamientos y opiniones, como uno de los derechos más preciados del hombre y que dice “todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente”.
• También en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948) donde se estableció que cada individuo “tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.
• Finalmente, nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 14 enuncia que todos “los habitantes de la Nación tienen derecho a publicar sus ideas sin censura previa”.
Ahora bien, la enunciación expresa de estos principios, no significa un marco suficiente para evitar que este derecho pueda ser vulnerado o limitado.

En Argentina y tras 26 años de gobiernos democráticos consecutivos, la libertad de expresión ha transitado diferentes vaivenes, buscando consolidarse, casi a la par de nuestro sistema de gobierno.
En nuestro país, este año fue sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285 de 1980, que fuera elaborada durante un gobierno de facto.
No obstante, podríamos haber realizado una norma enriquecida por la reflexión que otorga un diálogo profundo, un tiempo prudencial de discusión y una mayor apertura a las sugerencias. El proceso de construcción de las normas –y de está en particular, por ser tan importante para la democracia- debe realizarse en beneficio de todos, no en perjuicio de algunos; demostrando así que somos capaces de construir metas colectivas, sin afectar derechos individuales o sectoriales.
Teniendo en cuenta estas apreciaciones, la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido un primer paso, y considero que deberá ser perfeccionada en tiempos venideros; porque en democracia todo es perfectible.
Para que la libertad de expresión se transforme en un derecho real en toda la región americana, debemos trabajar en dos frentes; uno, en el aspecto legal que la resguarde y el otro, en el ámbito educativo, que a través de la formación cívica y cultural prepare a los ciudadanos para los tiempos venideros. Los medios de comunicación comparten con el Estado una gran responsabilidad, que es la transmisión de valores, de cultura. Por eso quiero invitarlos a sumarse a los desafíos que la región enfrenta.
Debemos generar reglas claras y durables que den un marco de credibilidad y confianza. Es fundamental para el sistema democrático que todos aceptemos diferencias de opiniones, porque la mejor forma de defender nuestros derechos es respetando los derechos de los otros.
Necesitamos más respeto por lo público, por el derecho a trabajar y a transitar. Cortar rutas o impedir que se trabaje libremente no es el camino a seguir. Ejercer nuestros derechos sin vulnerar el derecho de los demás, si lo es.
Se requiere un verdadero cambio cultural y de valores, y la raíz del mismo la encontramos en la educación. Es a partir de ella que podremos concretar un estado de derecho con igualdad, teniendo en cuenta que la mayor desigualdad se produce en la brecha del conocimiento, tanto en sus niveles, como en la calidad de los mismos.
Los tiempos por venir requieren del establecimiento de políticas a largo plazo en todos los planos. La mejor manera de devolverle a la sociedad la confianza que nos ha brindado, es ponernos de acuerdo en los grandes temas que hacen al desarrollo de un país.
Por lo anterior es que, una política de Estado en materia de comunicación debe contemplar, entre otros aspectos:
Una defensa irrestricta de la libertad de expresión; un mejor acceso a la información pública; criterios claros de distribución de la pauta oficial. Además debe garantizar a todos los medios -sin importar su área de cobertura y postura editorial- el acceso a los insumos materiales y tecnológicos y a una libre circulación de sus publicaciones.
Así mismo, debe incorporar la actualización de las normas conforme a los avances tecnológicos. También velar por el ejercicio de una prensa responsable con un fuerte apego a la certeza, consolidando así, la credibilidad de los medios, frente a la opinión pública.
Finamente, los invito a sumar vuestra creatividad a esta asamblea y aportar al fortalecimiento de la libertad de expresión, con matices y particularidades, pero siempre en la vereda ancha donde puedan transitar las prioridades de los ciudadanos respecto a qué y cómo comunicamos.

Estamos frente a verdaderos desafíos, pero no exentos de oportunidades. Somos un eslabón de este tiempo histórico. Si asumimos nuestra particular responsabilidad, la cadena de generaciones que nos sucedan podrá, seguramente, concretar nuestros sueños.

Muchas gracias.