Estados Unidos

A finales de febrero, dos sorprendentes anuncios reforzaron lo que muchos ya sabían – las empresas periodísticas de los Estados Unidos están enfrentando uno de sus peores períodos en la historia moderna.

Primero, E.W. Scripps Company anunció el cierre del Rocky Mountain News de Denver, después de 150 años de existencia. Es el diario de mayor circulación que ha cerrado desde que hace dos años empezara el severo declive en los ingresos por publicidad. El “Rocky” ha gozado de una reputación que lo ha puesto desde hace mucho tiempo entre los mejores diarios del país. Pero en el 2008 perdió $16 millones y sus retos económicos se tornaron insostenibles. La Última Edición, titulada “Adiós Colorado”, salió el 27 de febrero, dejando a Denver con un solo diario.

Unos días más tarde, la Sociedad Americana de Directores de Diarios (ASNE) anunció la cancelación de su convención anual por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Luego siguió un anuncio similar emitido por un grupo de editores de revistas, cancelando su convención. Las inscripciones para la convención de directores estaban muy por debajo de los números obtenidos en años anteriores. La industria “está en crisis”, dijo el presidente del mayor grupo de directores de diarios de los Estados Unidos.

Ese mismo mes, Philadelphia Newspapers pidió al gobierno protección por quiebra, con una deuda de por lo menos $400 millones. Desde el pasado mes de diciembre, otras tres empresas de medios han solicitado protección de quiebra: The Tribune Company, que tiene diarios en Chicago, Los Angeles, Fort Lauderdale y Orlando; el Star Tribune en Minneapolis, y el Journal Register Co., con sede en New Haven, Connecticut. En Detroit, los diarios están pensando dejar de publicar cuatro días a la semana.

Según un blog que está al tanto de los recortes de personal en los diarios, el graphicdesigner.net/papercuts/, en el 2008 se perdieron unos15,000 puestos de trabajo. En lo que va de este año, se han perdido otros 3,000 empleos.

Las perturbadoras implicancias para la libertad de prensa y el periodismo vigoroso de los Estados Unidos resultan obvias. Un menor número de diarios y diarios con un número mucho menor de periodistas dan como resultado menos organismos de control que saquen a la luz casos de corrupción e incompetencia tanto en el gobierno como en el sector privado. La creciente demanda de los lectores de contar con información en línea las 24 horas del día ha cambiado la cultura de la mayoría de las salas de redacción. El enorme reto para la mayoría de los directores consiste en cómo mantener algo parecido a los reportajes de investigación y de servicio público que consumían tanto tiempo, en momentos en que los recursos han disminuido enormemente. Puede hacerse, pero para ello deberán cambiar los supuestos tradicionales de la cobertura mediática.

Desde una óptica más optimista, se pueden observar las primeras señales de que la nueva administración en Washington es más receptiva a la apertura de temas relacionados con el gobierno y la libertad de prensa.

La pieza fundamental de un asunto inconcluso para los defensores de la libertad de prensa en los Estados Unidos es la aprobación de la “Ley Federal sobre el Libre Flujo de Información”, más conocida como la “Ley Escudo”, que protege a los periodistas que no deseen revelar sus fuentes confidenciales. A fines del 2007, dicha ley fue aprobada por una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes. Pero la oposición de la administración Bush dilató el proyecto de ley. Ahora, las posibilidades de que el Senado la apruebe son mucho mayores ya que el Presidente Obama fue uno de los promotores de una ley similar cuando estuvo en el Senado. Sin embargo, es muy probable que busque la opinión de su Departamento de Justicia antes de retomar el tema.

Más de 70 organizaciones y empresas mediáticas han respaldado la adopción de una ley escudo federal. El año pasado, un grupo bipartidista de procuradores generales de 41 estados escribieron a los líderes del senado norteamericano apoyando la referida ley, la cual ya ha sido aprobada por la Comisión de Justicia del Senado por un amplio margen.

La necesidad de contar con una ley escudo federal fue puesta en evidencia más recientemente por el caso del reportero del Detroit Free Press, David Ashenfelter. Ashenfelter escribió unas notas en las que cuestionaba la conducta de un ex fiscal federal. Cuando éste dejó su trabajo, demandó a sus ex jefes y le está pidiendo al juez de la causa que declare al reportero en desacato por rehusarse a revelar sus fuentes. El juez todavía no ha dictaminado al respecto.

En su primer día en el cargo, el Presidente Obama cumplió una promesa de su campaña: eliminar las restricciones impuestas por la administración Bush contra el acceso a los archivos presidenciales. La nueva política reinstaura un plazo de 30 días para que los ex presidentes puedan revisar sus archivos antes de que éstos sean divulgados a la prensa. Y elimina el derecho del vicepresidente o de los familiares de los ex presidentes a efectuar tales revisiones. Bajo el régimen de Bush, no existía plazo alguno.

Mediante otra orden ejecutiva, el Memorando Presidencial sobre la Ley de Libertad de Información (FOI), Obama restaura los estándares de la administración Clinton, que indicaban que la transparencia es el supuesto que rige para todos las solicitudes de revisión de registros. En la administración Bush, se adoptaron políticas que dilataban la atención de tales solicitudes de revisión de archivos bajo la FOI. Ahora, la orden ejecutiva de Obama restaura la antigua legislación de Clinton que presume la divulgación de información, a menos que ésta pueda resultar en un “daño previsible”. Obama se ha comprometido a tener “un nivel de apertura sin precedentes en su gobierno”.

El presidente de la Sociedad Americana de Directores de Diarios alabó a Obama por su “inmediata y fuerte declaración a favor de un régimen abierto” y por enviar “un claro mensaje indicando que la transparencia y la rendición de cuentas serán las piedras angulares de su administración”.

Sin embargo, queda por ver si el Departamento de Justicia de Obama estará más que dispuesto a ceder ante demandas ya interpuestas que buscan información sobre los fundamentos legales de la administración Bush para las escuchas telefónicas a nivel nacional sin contar con autorización alguna, el tratamiento que daba a los detenidos por terrorismo, y la práctica de entrega o traslado de sospechosos a países extranjeros conocidos por torturar a sus prisioneros. El nuevo Procurador General Eric Holder ha anunciado la revisión de cada caso judicial en el que la administración Bush haya recurrido a una herramienta legal diferente –denominada “el privilegio de los secretos estatales”- para desestimar casos. A pesar de ello, los abogados del Departamento de Justicia siguen utilizando dicho argumento para combatir intentos por obtener más información sobre actividades cuestionables del gobierno. La administración Obama “no debería estar invocando secretos de estado para encubrir cargos de entrega y tortura”, criticó el New York Times en una nota editorial publicada en febrero.

Igualmente, a fines de febrero, el Secretario de Defensa Robert Gates anunció un cambio en la política militar vigente desde hace 18 años que prohibía a los medios noticiosos fotografiar los féretros de los americanos muertos en combate. Ahora sí se podrá mostrar fotografías, previa aprobación de los deudos. La orden afecta principalmente a los féretros que llegan a Dover, Base de la Fuerza Aérea en Delaware, procedentes de Iraq y Afganistán.