Guatemala

La situación continúa siendo una fuente de preocupación para los periodistas, sumado a la descalificación constante y perseverante por parte de los funcionarios públicos a la actividad periodística, y a la política discriminatoria, en materia de publicidad oficial.

El contexto de violencia contra los periodistas tiene que ver con el clima general de inseguridad y el aumento del crimen organizado. En este sentido han aumentado los ataques entre presuntos grupos de narcotráfico, lo cual suele generar temor y autocensura en los medios de comunicación.

El Presidente de la República, Alvaro Colom, continúa con su actitud de descalificar y ser intolerante ante la opinión pública. El 9 de enero mencionó que las críticas periodísticas contra su programa eran “estúpidas y ridículas”.

Un hecho positivo será que a partir del 21 de abril entrará en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (decreto 57-2008).

La discriminación de la publicidad oficial hacia la prensa escrita que había emigrado hacia el monopolio televisivo, cesó el 13 de marzo cuando el presidente Alvaro Colom dio marcha atrás una disposición administrativa. El presidente Colom dijo el 12 de febrero pasado que “se acordaba” de haber apoyado al empresario televisivo Angel González en la rebaja de un 66% al Impuesto Sobre la Renta para la importación de insumos de radio y televisión, propuesta de ley que se conoció de inmediato con el apoyo de la bancada de la UNE, partido gobernante. Hay diputados como Mario Taracena, que han bautizado como “Angel de la democracia” a González, propietario de los cuatro canales abiertos que operan en el país y de Central de Radio, medios plegados a los intereses de los grupos políticos en el Poder Ejecutivo y parlamentario, de acuerdo a su conveniencia coyuntural política.

En esos medios afines a González se ha realizado, a fines de febrero y la primera semana de marzo, una campaña de descrédito repitiendo que el diario Prensa Libre y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fueron creados por la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). La campaña habría sido a consecuencia o como represalia de una denuncia pública que hizo la SIP en contra del gobierno por discriminar en el otorgamiento de publicidad oficial a los medios escritos por sobre los televisivos y electrónicos, en aparente política de castigo por las denuncias periodísticas de los periódicos más importantes.

En el caso de la detención ilegal, robo agravado, estafa y conspiración que sufrió el director de El Periódico, José Rubén Zamora, se envió a juicio, el 3 de marzo, a tres personas que lo interceptaron y participaron en este hecho el 21 de agosto de 2008.

El 27 de febrero los reporteros Danny Castillo de El Quetzalteco, Ronald López de Nuestro Diario y Mynor Mérida de Al Día, sufrieron amenazas del alcalde de Malacatancito, por la cobertura de un robo de motos. Una turba estimulada por la diatriba del alcalde, agredió físicamente a los reporteros.

El Congreso aprobó una ley que prohíbe la comercialización de la frecuencia de Canal 5 de televisión, concedida a la institución académica de las lenguas mayas.

El Congreso respondió así a una petición del mismo González, como lo reconocieron públicamente varios diputados.

Ante las presiones de la prensa y de otras organizaciones de la sociedad civil, el presidente Colom vetó la ley, y ahora el caso está en la Corte de Constitucionalidad.