Honduras

El clima de libertad de expresión y de prensa en Honduras durante los últimos seis meses continúa opacado por una nebulosa que obstruye la labor periodística. Periodistas y propietarios de medios de comunicación enfrentan todos los días amenazas directas e indirectas no solo del sector oficial sino también del crimen organizado y narcotráfico.

Desde el gobierno se crea un ambiente hostil contra los medios de comunicación, periodistas y editores, en muchos de los casos orquestados por el propio presidente de la república, Manuel Zelaya.

El uso de la intimidación, amenazas, ofensas públicas, manipulación de la publicidad gubernamental y advertencias de que acudirán ante los tribunales de justicia por delitos de difamación y calumnia se ha vuelto una constante en el país. Estos hechos se dan, usualmente, cuando salen a flote escándalos de corrupción pública.

El Presidente amenaza, increpa, insulta y arremete contra los medios de comunicación del país porque no cubren los actos de gobierno a su manera, los acusa de ser voceros de grupos económicos del país, de orquestar campañas políticas de la oposición política y de ser responsables de la violencia y la pobreza del país.

El gobierno se ha negado a acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que concede la frecuencia del Canal 8 a Elías Asfura.

En los meses transcurridos del 2009, se registró la muerte violenta de un empresario de radio en Santa Bárbara, José Fernando Gonzáles, seguido de las denuncias de amenazas a muerte a los periodistas Carlos Chinchilla de canal 12 de la Entrada, Copán, y del comunicador capitalino, Oscar Morán Méndez, de Radio América.

Sigue en la impunidad, el asesinato del periodista humorista Carlos Salgado, quien producía y conducía un programa jocoserio en la emisora Radio Cadena Voces de Tegucigalpa. El crimen, perpetrado por sicarios, se cometió el 11 de octubre de 2007.

Aunque la sociedad dispone ahora de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde 2006 y ha significado un avance en la rendición de cuentas y un instrumento valioso para los periodistas, la misma tiene vacíos y muchas veces es obstaculizada su aplicación por los mismos oficiales de información de las instituciones del Estado.

Cronología de principales hechos:

El 21 de octubre el presidente Zelaya dijo en cadena nacional, que los medios hondureños si bien informaban y mostraban al mundo los daños ocasionados por las lluvias no contaban el accionar de su gobierno ni las cosas buenas que sus funcionarios hacen.

El 8 de noviembre los periodistas de diario El Heraldo, Carlos Mauricio Flores y Fernando Berríos, denunciaron ante el Comisionado de Derechos Humanos recibir amenazas y mensajes intimidatorios en sus casas y en mensajes en sus teléfonos móviles. Estas situaciones se dieron tras denuncias de corrupción pública.

El 9 de noviembre la ley de Acceso a la Información Pública cumplió 14 meses de haber entrado en vigor, pero la mayor parte de la población hondureña la desconoce y muy pocos, es decir, apenas unos 1.500 han hecho acopio de la misma. De las 1,500 solicitudes de acceso a las diferentes instituciones del Estado, 33 han sido impugnadas.

El 15 de noviembre el presidente Zelaya volvió a insultar a la prensa nacional al tener un pequeño altercado con Elmer Iván Zambrano, periodista de Radio América, al que menospreció al no querer responderle las preguntas en un evento en El Salvador.

El 26 de noviembre el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Raúl Valladares, puso en entredicho el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre el uso de la frecuencia del canal 8 de la televisión estatal y exigió al Poder Judicial a enmendar la resolución judicial.

El 4 de diciembre el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) rechazó ante las pretensiones del Gobierno de crear un observatorio nacional sobre medios de comunicación, aspecto que criticó la SIP.

El 9 de enero el ministro de Obras Públicas, Rosario Bonano, arremetió contra el periodista radial Abraham Ardón, solo porque le consultaba sobre la transparencia en el manejo del presupuesto de la institución.

El 3 de febrero el reportero de diario La Tribuna, Martín Ramírez, denunció que fue víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de la Policía Nacional, mientras ejercía su doble función de periodista y fotógrafo en un accidente vial el pasado 1 de febrero en la madrugada.

El 21 de febrero el presidente Zelaya reiteró que El Heraldo y La Prensa son responsables de la ola delictiva en el país.

A fines de febrero el reportero gráfico del diario El Heraldo, Estalín Irías, denunció ser víctima de agresión física y verbal por parte de guardaespaldas del general retirado y director de la Dirección Nacional de Lucha contra las Drogas (DLCN), Julián Arístides González, en un operativo contra el crimen organizado en la aldea Los Planes de Santa Lucía, en Francisco Morazán.