Honduras II

CONSIDERANDO
Que la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, han hecho una denuncia ante la Corte Penal Internacional acusando a medios comunicación independientes de haber promovido y alentado el crimen de persecución política a quienes eran contrarios al golpe de Estado del 28 de junio.

CONSIDERANDO
Que la denuncia ante la Corte no contiene asideros legales ni jurídicos, indispensables para iniciar una acción de este tipo, teniendo en cuenta que la Corte observa la situación sobre crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

CONSIDERANDO
Que la denuncia tiene una intención mediática y propagandística para desprestigiar a los medios independientes y tratar de influir en sus criterios y libertad editorial que son indispensables para un marco de libertad de prensa plural y diverso

CONSIDERANDO
Que las limitaciones en la interpretación que tienen algunos grupos sobre el papel de los medios de comunicación en su tarea de fiscalización, de opinión, crítica y educación de la opinión pública, requieren la existencia de voces plurales independientes y diversas para entender los problemas complejos en la sociedad

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Expresar la preocupación por la utilización de estos procedimientos que tergiversan los objetivos sobre el papel que le caben a los medios de comunicación sin respetar la independencia editorial y su papel ante los derechos y garantías constitucionales que demandan libertad de prensa y prohibición de elementos que puedan considerarse de censura y censura previa para información y opiniones de todo tipo.

Reconocer la solidaridad expresada por organizaciones de la sociedad civil ante este tipo de denuncias que buscan desprestigiar y restar credibilidad a los medios de comunicación en situaciones sociales complejas.
Solicitar a la Corte Penal Internacional descartar cualquier denuncia que socave la libertad de información y de opinión establecida en los preceptos de documentos universales e interamericanos de derechos humanos, considerando que cualquier avance en contra de esas garantías establecería un antecedente nefasto para el derecho del publico a la información.