Impunidad / Brasil

CONSIDERANDO
Que la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Bahia después de un procedimiento disciplinario decidió la expulsión del oficial Mozart Brasil, condenado a 18 años de prisión en septiembre de 2003 por el asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira en enero de 1998 y que ahora corresponde al gobernador del estado, Jacques Wagner, el decidir sobre la expulsión del policía; y que no se ha producido una decisión en cuanto a la apelación ante el Ministerio Público por la absolución de Marcone Sarmento, y que la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos ha sugerido en su acuerdo amistoso con el gobierno de Brasil que el caso de Oliveira se reabra para que los autores intelectuales puedan ser identificados; y que el mismo acuerdo estipula el pago de una compensación a la familia del periodista, mediante aprobación de la asamblea legislativa estatal

CONSIDERANDO
Que el ex alcalde de Eunápolis, Paulo Dapé, y sus colegas María José Ferreira Souza (María Sindoiá), Waldemir Batista de Oliveira (Dudu) y Antonio Oliveira Santos (Toninho da Caixa), acusados por el asesinato del periodista radial Ronaldo Santana de Araunjo ocurrido el 9 de octubre de 1997 en Eunápolis, Bahia, presentaron una apelación para tratar de demorar sus sentencias

CONSIDERANDO
Que sin decisión desde hace un año se encuentra en poder del ministro Geraldo Og Fernandes solicitudes de apelación de parte de los acusados por el asesinato del periodista radial Jorge Vieira da Costa, ocurrido en marzo del 2001 en Timon, Maranhao

CONSIDERANDO
Que aunque el director de policía Carlos Eduardo Ferreira envió un documento con copia a la SIP en el que exhorta a las autoridades a tomar medidas para identificar al responsable del asesinato de José Carlos Mesquita, ocurrido el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto, Rondonia, no se ha abierto ninguna investigación nueva y el jefe de policía de esa localidad dijo que necesita una orden del Ministerio Público para comenzar la indagación, mientras la fiscalía alega que la policía primero debe aportar nueva evidencia

CONSIDERANDO
Que hace más de un año una solicitud de vigilancia telefónica fue hecha para que las investigaciones pudiesen proseguir en torno a la muerte de Nivanildo Barbosa Lima, cuyo cadáver fue hallado en el centro hidroeléctrico Paulo Afonso el 22 de julio de 1995, y que hasta octubre del 2009 el Ministerio Público no ha recibido respuesta a sus demandas en ese sentido; y que se hace difícil proseguir con la investigación sin esta información

CONSIDERANDO
Que las investigaciones por el asesinato de Edgard Lopes de Faris el 29 de octubre en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y la desaparición del periodista Iván Rocha el 22 de abril de 1991 en Teixeira de Freitas en Bahia, fueron archivadas, y que nadie recibió castigo por el asesinato de Mario Coelho de Almeida Filho ocurrido el 16 de agosto del 2001 en Magé, Rio de Janeiro

CONSIDERANDO
Que ocho personas acusadas del asesinato del periodista radial Samuel Román, fallecido en Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul el 20 de abril del 2004, están considerados como fugitivos, entre ellos Alfredo Rui Dias Arevalos, quien ha estado en prisión pero obtuvo una audiencia de Habea Corpus y escapó, y que este es uno de varios casos en los que el autor intelectual fue identificado y convicto, y que dos acusados por el asesinato del periodista Aristeu Guidada Silva, muerto el 12 de mayo de 1995 en Sao Fidelis, Rio de Janeiro, permanecen prófugos y nadie fue castigado por el crimen ya que la sentencia contra la única persona convicta fue anulada, y que uno de los dos principales acusados por el asesinato del reportero Luiz Otávio Monteiro en Manaus, Amazonas, ocurrido el 29 de diciembre de 1998, se encuentra fugitivo desde hace más de 20 años sin que el asesino intelectual haya sido identificado

CONSIDERANDO
Que el Ministerio Público aún se encuentra evaluando sicológicamente a Romualdo Estáquio da Luz Faria, quien está acusado del asesinato de la cronista social Maria Nilce Magalhaes ocurrido el 5 de julio de 1989 en Vitoria, Espírito Santo y que otro acusado en el caso, el oficinista de la policía, Charles Roberto Lisboa, sigue a la espera de saber si también será acusado

CONSIDERANDO
Que Joao Arcanjo Ribeiroi aún no ha sido acusado por ser un líder del crimen organizado en el estado de Mato Grosso y haber ordenado el asesinato del 30 de septiembre del 2002 del hombre de negocios Domingo Sávio Brandão de Lima, propietario del periódico Folha do Estado y de la radioemisora Cidade de Cuiabá FM

CONSIDERANDO
Que el Departamento de Homicidio de Nitereroi/São Gonçalo debe presentar pronto el informe final sobre el asesinato de Reinaldo Coutinho da Silva ocurrido el 29 de agosto de 1995 en São Gonçalo, Rio de Janeiro

CONSIDERANDO
Que el caso contra el magistrado Jose Maria Lucena señalado como responsable por el asesinato del periodista radial Nicanor Linhares Batista el 30 de junio de 2003, sigue en juicio secreto y que su esposa, la ex alcaldesa Maria Arivan de Holanda Lucena está siendo procesada por el mismo crimen en un tribunal de Limoeiro do Norte

CONSIDERANDO
Que una decisión prevista para el 25 de marzo del 2010 en el caso de los policías Valnei Bertoni, Paulo César Ronceiro, Edson Luiz Ronceiro y el hombre de negocios Carlos Alberto da Costa, acusados por el asesinato del periodista Luiz Carlos Barbon, el 5 de mayo del 2007 en Porto Ferreira, São Paulo, y que el juicio de Adélcio Carlos Avelino fue separado debido a que presentó una apelación y que el Tribunal Supremo Federal negó Habeas Corpus para Avelino debido a amenazas que él profirió contra testigos

CONSIDEREANDO
Que la investigación del asesinato del periodista radial Jorge Lourenço dos Santos, ocurrido el 11 de julio de 2004 en Santana do Ipanema, Alagoas, está en curso, pero el tribunal asignado al caso no cuenta con un juez permanente desde hace dos años dificultando la investigación

CONSIDERANDO
Que en la mayoría de estos casos los autores intelectuales no fueron identificados, arrestados o sentenciados y que generalmente las investigaciones se satisfacen sólo con la identificación de los autores materiales e intermediarios

CONSIDERANDO
Que los acusados consiguen demorar la decisión mediante mecanismos permitidos por la ley

CONSIDERANDO
Que la falta de jueces y fiscales en algunas ciudades, las demoras de empresas telefónicas en la entrega de información sobre vigilancia, así como el miedo entre testigos e averiguaciones deficientes contribuyen al retraso de los procesos y representan una gran dificultad para conseguir evidencias

CONSIDERANDO
Que no existe un sistema eficiente para la localización de fugitivos y que las fronteras terrestres de Brasil facilitan las fugas de criminales

CONSIDERANDO
Que en el Segundo Encuentro Nacional de Jurisdicciones realizado en febrero de este año en Belo Horizonte, Minas Gerais, los tribunales brasileños establecieron 10 objetivos para proveer en el 2009 un mayor eficiencia en el trámite de casos, un mejoramiento en la calidad del servicio judicial y un mayor acceso de los ciudadanos de Brasil a la Justicia y que actualmente se trata de conseguir el Objetivo 2 que busca identificar los casos más antiguas y adoptar medidas concretas para llegar a una decisión en aquellos presentados antes del 31 de diciembre del 2005 (en primero o segundo grado, o en tribunales superiores)

CONSIDERANDO
Que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece que: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
-Asegurar que el gobierno de Bahia compense a la familia del periodista Manoel Leal de Oliveira, asesinado en enero de 1998, en este año, de acuerdo con el acuerdo amistoso suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
-Solicitar que se redoblen los esfuerzos para ver que el caso de Reinaldo Coutinho da Silva en Rio de Janeiro y otros casos similares no sean archivados
-Asistir a jueces y fiscales para hacer posible que cumplan por completo con los objetivos fijados por las judicaturas de Brasil, especialmente el Objetivo 2
-Pedir al gobierno federal que la policía federal investigue los crímenes contra profesionales de la prensa de modo que no haya riesgo de presiones sobre fiscales, policías y testigos
-Demandar que las investigaciones y los procedimientos judiciales no se limiten a identificar a aquellos que cometen crímenes, sino que se persiga también a los autores intelectuales para que su castigo sirva como advertencia
-Sugerir la adopción de un sistema más eficiente e interconectado para localizar y castigar a fugitivos, intensificando el control en las fronteras terrestres del país
-Solicitar un mejoramiento de los programas de protección de testigos y de defensores de los derechos humanos
-Solicitar que se revise la ley que concede a convictos de crímenes violentos y asesinatos el beneficio de detención domiciliar, ya que este ha permitido la fuga de algunos criminales
-Asegurar el acceso a todos los documentos públicos e investigaciones y asegurar que la policía y otras instituciones públicas provean información