Impunidad / Mexico

CONSIDERANDO
Que existe una clara desatención por parte de la Cámara de Diputados sobre el seguimiento, revisión, análisis y acción respecto a los ataques a la libertad de expresión, que se ha podido comprobar ante la desaparición de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

CONSIDERANDO
Que otra muestra de la falta de sensibilidad del Congreso de la Unión sobre la importancia de contar con leyes que ofrezcan certeza, rapidez, eficacia y confianza en las investigaciones de asesinatos y desapariciones de periodistas, y ataques a medios de comunicación, es que los Senadores están por aprobar una reforma al Código Penal Federal que es insuficiente e inútil para la atención, investigación y resolución a este tipo de ataques a la libertad de expresión.

CONSIDERANDO
Que una manifestación clara por parte del gobierno mexicano de la falta de responsabilidad para impedir que continúen en la impunidad los ataques contra periodistas, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha abandonado su responsabilidad, ante las procuradurías de justicia de los estados de Baja California y Chihuahua, de mediación e impulso para atender y dar resultados a fondo a las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas por los homicidios de los periodistas Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, que fueron aceptadas por el gobierno mexicano.

CONSIDERANDO
Que el gobierno mexicano, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), no muestra ni sensibilidad ni conciencia sobre la importancia de la libertad de expresión, como un derecho fundamental para la democracia, porque la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas mantienen en impunidad los casos que tienen bajo su jurisdicción, investigaciones que datan, algunas de ellas, de 1997.

CONSIDERANDO
Que a pesar de las declaraciones públicas que emitió el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR de resolver los crímenes y dar a conocer resultados, no ha reportado avances en los casos que tiene bajo su responsabilidad, lo que sumado al informe que rindió a principios de este año en el que de forma incierta sostiene que la mayoría de los crímenes de periodistas han sido resueltos, pone en evidencia su falta de compromiso con la justicia, la inoperancia de esa oficina y que sólo sirve como una fachada del gobierno mexicano para simular que se investigan y resuelven estos ataques, pero que permanecen en total impunidad.

CONSIDERANDO
Que a pesar de las reiteradas peticiones de la SIP para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR atienda de oficio los ataques contra periodistas cometidos por motivos de su trabajo, la oficina de la PGR respondió, un año después, que está imposibilitada de hacerlo porque “la mayoría de los delitos se presentan por querella de la o las partes”, respuesta engañosa y que contradice el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la figura del Ministerio Público y su responsabilidad.

CONSIDERANDO
Que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR también respondió con un año de retraso sobre la petición insistente de la SIP para que revise y analice todos los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en México, para determinar si es posible su atracción bajo su jurisdicción y con ello sean resueltos; siendo que la oficina de la PGR respondió también de forma falaz, al señalar que “no es posible por la competencia limitada en que se encuentra la Fiscalía” como es que “el periodista acredite su calidad”, que el delito haya sido cometido por el ejercicio de su profesión y que el ilícito sea federal; sin embargo, no explica cómo llegó a la conclusión si no ha revisado los alrededor de 70 asesinatos y desapariciones de comunicadores cometidos desde 1987 y en los que sí podría ejercer la facultad de atracción si tuviera la voluntad para ello, porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

CONSIDERANDO
Que las procuradurías generales de justicia de los estados tampoco avanzan en las investigaciones sobre periodistas asesinados, desaparecidos o amenazados, lo que sólo se puede interpretar como una violación grave a su obligación constitucional de perseguir, detener y someter a juicio a los responsables de estos delitos.

CONSIDERANDO
Que tanto la PGR como las procuradurías estatales han dejado ver su intención de atribuir los crímenes y desapariciones de periodistas a motivos diferentes a su profesión como causas personales, el robo o la confusión, sin que de forma transparente sustenten con pruebas estas afirmaciones.

CONSIDERANDO
Que la autocensura se ha extendido por todo el país ante la impunidad que prevalece y frente a las presiones, amenazas y ataques contra medios de información y los comunicadores, por parte del crimen organizado, líderes sindicales, caciques, políticos y empresarios corruptos, lo que mantiene en gravísimo riesgo a los informadores de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Nuevo León, la península de Yucatán y Chiapas.

CONSIDERANDO
Que el 3 de mayo de 2009 fue asesinado en el municipio de Santa María de El Oro al corresponsal de El Tiempo de Durango, Carlos Ortega Samper, sin que la PGR que atrajo el caso haya mostrado algún avance, a pesar de que el periódico ha denunciado insistentemente que los autores intelectuales podrían ser funcionarios y ex funcionarios municipales a quienes el informador denunció por actos de corrupción.

CONSIDERANDO
Que el 26 de mayo de 2009, fue secuestrado, torturado y asesinado Eliseo Barrón Hernández, periodista de La Opinión Milenio de Coahuila, siendo detenidos y sometidos a juicio cuatro hombres como presuntos autores materiales y cómplices, aunque persisten dudas sobre su responsabilidad y, en su caso, faltaría capturar al autor intelectual.

CONSIDERANDO
Que Martín Javier Miranda Avilés, reportero del periódico Panorama y corresponsal de la agencia Quadratín de Michoacán, fue encontrado en su casa asesinado de dos puñaladas por la espalda, el 12 de julio de 2009, en el municipio de Zitácuaro, las autoridades no han dado informes sobre las líneas de investigación y los posibles responsables, por lo que se ignoran las causas de este crimen.

CONSIDERANDO
Que Ernesto Montañés Valdivia, editor de Enfoque de El Sol de Chihuahua, fue asesinado el 14 de julio de 2009 en el estado de Chihuahua, sin que existan datos concretos sobre los móviles y las autoridades no muestran avances en las investigaciones, por lo que no se puede establecer si el crimen tiene relación con su actividad profesional.

CONSIDERANDO
Que el corresponsal de W Radio y conductor del programa Guerrero en Vivo, Juan Daniel Martínez Gil fue secuestrado y su cuerpo, con rastros de tortura, apareció el 28 de julio de 2009, las autoridades siguen varias líneas de investigación entre las que se encuentran los motivos personales, posibles actos delictivos cometidos por el propio informador y por su trabajo profesional, sin que hasta ahora se pueda definir con claridad el móvil.

CONSIDERANDO
Que Norberto Miranda Madrid, director de la revista electrónica Cotorreando con el Gallito y militante del Partido de la Revolución Democrática, fue asesinado el 23 de septiembre de 2009 en la redacción, la información que existe hace suponer que el móvil está relacionado con su trabajo profesional de denuncia; sin embargo las autoridades no han informado sobre avances concretos ni mucho menos personas detenidas vinculadas a este homicidio.

CONSIDERANDO
Que Fabián Ramírez López, locutor de la emisora de radio regional La Magia 97.1 de Mazatlán, Sinaloa, fue hallado sin vida el 11 de octubre, tras desaparecer dos días antes

CONSIDERANDO
Que dos ejemplos evidentes de la impunidad en la que mantienen los ataques a comunicadores las autoridades mexicanas, son el crimen del periodista estadounidense Philip True, en el que los dos responsables del crimen no han sido reaprendidos, y el asesinato del columnista Manuel Burgueño, que teniendo al presunto autor intelectual en prisión y bajo proceso penal por otros ilícitos (Humberto Rodríguez Bañuelos, “La Rana”) nunca ha sido ejecutada la orden de aprehensión por el asesinato del comunicador.

CONSIDERANDO
Que el 2 de noviembre de 2009 fue asesinado el reportero del periódico El Tiempo de Durango, Bladimir Antuna, siendo una de las hipótesis más fuertes sobre los motivos del crimen su trabajo profesional, por lo que la Procuraduría General de Justicia de Durango debe trabajar intensamente para que, en poco tiempo, se ofrezcan resultados contundentes, para que no persista la situación de impunidad generalizada y el temor de los informadores tras presentarse tres crímenes en el estado en sólo seis meses.

CONSIDERANDO
Que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Exigir al Congreso de la Unión que no apruebe la reforma al Código Penal en materia de libertad de expresión, para replantear modificaciones que sean verdaderamente útiles para combatir la impunidad sobre los ataques a periodistas y medios de comunicación, y que además, la Cámara de Diputados, reviva la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, destinándole presupuesto y colocando sus trabajos en un lugar destacado de la agenda legislativa.

Demandar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que cumpla, sin simulaciones, con los compromisos internacionales que adquirió como representante del gobierno mexicano ante la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en torno a los crímenes de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza.

Exhortar al recién nombrado procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, para que atienda las peticiones de la SIP sobre la transformación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas en un verdadero órgano de investigación serio, transparente y eficaz en torno a los atentados a la libertad de expresión; así como revise el perfil del titular de ese órgano para que sea una persona que verdaderamente responda a las exigencias que demanda el país y los embates al derecho de la sociedad para estar informada de forma libre.

Exigir al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, que informe con claridad y transparencia de todos los casos que están bajo la jurisdicción de la institución federal, para conocer sus avances y resultados; y que ordene a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas que revise todos los casos de crímenes y desaparición de periodistas cometidos en el pasado y, con la mayor voluntad y en búsqueda de un genuino sentido de justicia, atraiga bajo su responsabilidad la mayor cantidad de expedientes, con la finalidad de que sean resueltos a fondo.

Urgir al procurador Arturo Chávez Chávez para que implemente nuevos protocolos de investigación para que se investigue de forma distinta y con la sensibilidad suficiente que permita atender con prontitud y contundencia todos los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, eliminando toda actitud burocrática y cerrada como la que hasta ahora ha prevalecido y que sólo ha provocado que se amplíe el espacio de impunidad.

Exigir a las procuradurías de justicia de los estados Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Baja California y Sinaloa que cumplan con su obligación constitucional de procurar justicia de forma transparente, a fondo y con prontitud, mostrando en cada caso de asesinato, desaparición o amenaza contra los comunicadores y medios informativos que tienen bajo su responsabilidad los resultados y sustentándolos en pruebas , como una forma de contribuir en la protección del derecho a la información y de libertad de expresión, para que los informadores no tengan más miedo ni la sociedad vea en la impunidad una forma de vulnerabilidad.

Demandar al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que diseñen estrategias integrales para enfrentar el fenómeno del crimen organizado y garantice la seguridad a los reporteros amenazados y presionados, en la búsqueda de salvaguardar un bien superior que es la libertad de expresión como un derecho social que sustenta la democracia.

Reclamar al gobierno de Durango y a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno a que de forma inmediata lleven a cabo acciones claras y contundentes para frenar la violencia que se ha manifestado contra los ciudadanos y, de forma especial, contra los informadores, y que arroja hasta el momento tres comunicadores asesinados en seis meses y en los tres casos con elementos que muestran que fueron por motivo de su trabajo, por lo que es indispensable garantizar de forma urgente el trabajo de los medios y los comunicadores en esa entidad.

Exigir a los gobiernos estatales y al federal para que ordenen a sus procuradurías que atiendan de forma expedita los casos que tienen en sus oficinas sobre los ataques a la libertad de expresión y no sigan siendo espacios de impunidad, que den a conocer públicamente los resultados que han obtenido, sin intentar confundir o desviar la atención sosteniendo que son otros los motivos del ataque, que ofrezcan garantías para el trabajo de los informadores y construyan el soporte legal, llevando a cabo los cambios legislativos necesarios, para dar mayor seguridad a los informadores.