México

El periodismo se sigue ejerciendo en medio de una guerra entre fuerzas federales y bandas del crimen organizado.
En el último año más de 5.300 personas han muerto en la lucha que realiza el gobierno para acabar con el narcotráfico.
La actividad periodística no ha escapado a este panorama adverso que se ha agudizado en los últimos seis meses ya que las cifras de agresiones y muertes a periodistas van en aumento en un ambiente de violencia e impunidad para las libertades de expresión y prensa.
Cuatro periodistas fueron asesinados en este período y han ocurrido al menos ocho atentados graves contra profesionales y medios de comunicación.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha identificado a los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Michoacán como las de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo.
El aumento en agresiones contra medios y periodistas en los últimos años ha provocado un alto nivel de autocensura. Las investigaciones sobre temas de narcotráfico y crimen organizado continúan ausentes en la mayoría de los medios mexicanos.
Por temor a las represalias de los grupos delictivos solo se manejan las informaciones oficiales dadas a conocer por las autoridades de nuestro país.
Se han reportado casos en donde el crimen organizado ha amenazado a medios de comunicación para que no publiquen información que estos grupos delictivos quieren ocultar.
Sobre los avances en la federalización de los crímenes en donde se vea involucrada la Libertad de Expresión se ha detectado un retroceso debido a nuevas propuestas surgidas en la Cámara de Diputados federal, específicamente en la Comisión de Justicia, que preside el legislador César Camacho.
De acuerdo con un pre dictamen de esa Comisión, presentado a representantes de la SIP a principios de marzo, se desconoció el trabajo desarrollado por años por la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados que encabeza el diputado Gerardo Priego, la que en noviembre pasado presentó una iniciativa de ley que permite llevar al ámbito federal las investigaciones judiciales en casos de ataques contra periodistas y a medios de comunicación.
Esa iniciativa era resultado de un consenso, luego de meses de trabajo y de consultas, entre legisladores federales, juristas, periodistas y miembros de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Mientras continúa el debate en el tema de la federalización de los crímenes cometidos contra la Libertad de Expresión, la impunidad persiste en los asesinatos y agresiones a periodistas y medios de comunicación.
El caso del periodista Alfredo Jiménez Mota del periódico El Imparcial de Sonora, quien el próximo 2 de abril cumple cuatro años de estar desaparecido, es una muestra de ello.
A pesar de que la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría para la Delincuencia Organizada, absorbió desde un principio el caso, los resultados a la fecha son nulos.
La SIP presentó el 12 de marzo el caso de Jiménez Mota ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otra parte, persisten los intentos por controlar a medios independientes de parte de algunos gobiernos estatales y municipales a través de boicots publicitarios.
Un ejemplo de esto lo representa el diario AM de Guanajuato que ha sufrido por dos años la cancelación de la publicidad del gobierno estatal.
A continuación el resumen de asesinatos y agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el período de octubre de 2008 a marzo de 2009:
El 1 de octubre, David García Monroy, analista político y colaborador de varios medios, fue ejecutado junto con otras 10 personas en el bar “Río Rosas”, en Chihuahua. Un grupo armado llegó al lugar y entró al local con el pretexto de que sería una revisión de rutina.
El 10 de octubre, Miguel Ángel Villagómez, editor del diario La Noticia, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue encontrado muerto a un costado de la carretera Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo.
El 13 de noviembre, Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue ejecutado por fuera de su casa por un grupo de desconocidos. Ya había sido amenazado y la autoridad nada había hecho.
El 23 de febrero, Luis Daniel Méndez Hernández, corresponsal del programa informativo “Enlaces Noticias” de la agencia Radiorama, Tuxpan, murió tras recibir cuatro disparos en la espalda cuando asistía a las fiestas de carnaval del municipio de Huayacocotla, en el estado de Veracruz.
En cuanto a agresiones, el 15 de octubre del año pasado, La casa del corresponsal del Diario del Yaqui en Nogales, Sonora, fue baleada por pistoleros; eran las 6:00 horas cuando Vicente Bórquez Rivas y su familia se despertaron con el tronar de las armas largas.
El 16 de octubre, un camión repartidor del Grupo Reforma fue baleado por desconocidos al circular en el Municipio de San Mateo Atenco. Los dos trabajadores, Jorge Trejo Pacheco y Érick Alanís Martínez resultaron ilesos y pidieron apoyo a la Policía Estatal.
Entre la noche del 25 y madrugada del 26 de octubre, el periodista Pedro Matías Arrazola, del diario Noticias de Oaxaca y corresponsal del semanario Proceso en Oaxaca, fue retenido por doce horas, sufriendo trato violento y tortura sicológica.
El 13 de noviembre, día en el que estaba siendo velado el periodista Armando Rodríguez Carreón, fue amenazado por teléfono el también periodista de Chihuahua, Jorge Luis Aguirre, director del periódico La Polaka.
El 17 de noviembre, las instalaciones del diario El Debate de Culiacán, Sinaloa, fueron blanco de un ataque con dos granadas de fragmentación que destruyeron cristales, dañaron puertas y paredes del acceso principal.
El 6 de enero pasado las instalaciones de Televisa Monterrey fueron objeto de daños al estallar granadas de fragmentación, además de disparos que salieron de un comando encapuchado.
El 16 de enero el periodista Miguel Badillo fue detenido por la Policía Bancaria al ejecutarse orden de aprehensión en su contra.
El 29 de enero, el periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, exiliado el 15 de junio de 2008 y detenido desde entonces por los servicios de inmigración de Estados Unidos, es puesto en libertad, pero no se define si será recibido en ese país. El corresponsal de El Diario en Ascención, Chihuahua, pasó la frontera con su hijo tras recibir amenazas de muerte atribuidas a unos militares.
El 9 de febrero, el domicilio particular del periodista Moisés García Castro del periódico El Debate de Guasave, Sinaloa, fue baleado con armas de grueso calibre. Los disparos dieron contra una casa contigua, pero no hubo heridos.