Nicaragua

La Corte Suprema de Justicia sigue sin fallar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde el 4 de abril de 2002 contra la ley creadora del Colegio de Periodistas. Tampoco se ha pronunciado sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado el 7 de Julio de 2005, por representantes de varios medios de comunicación, en contra de una reforma a la ley tributaria que, con el pretexto de regular, reformaba el mandato constitucional que exonera de impuestos a los medios de comunicación. Las bancadas de los tres partidos de oposición que prometieron reformar la ley impositiva, aún no lo han hecho y el proyecto de ley quedó prácticamente dormido.

En lo que se refiere a la distribución de la publicidad estatal, el gobierno ha concentrado las pautas publicitarias en medios de comunicación pertenecientes a la familia gobernante o medios afines o complacientes, discriminando a los que son críticos o independientes. De esta forma incide en los pequeños que han dependido de la pauta oficial para sobrevivir. El gobierno tampoco realiza licitaciones y contrata a empresas donde hay intereses partidarios o familiares. Una investigación del programa de TV “Esta Semana” que dirige Carlos Fernando Chamorro, demostró que entre marzo de 2007 y marzo de 2008 la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) pagó más de C$ 4.000.000,00 (unos doscientos mil dólares) en concepto de “spots” publicitarios al Canal 4 de la familia presidencial Ortega-Murillo, Radio Ya y Radio Sandino. ENEL ha alegado problemas financieros para pagar el suministro de combustible para generación de energía. No se ha visto ningún “spot” de propaganda que se refiera a ENEL.

Según cálculos de empresas especializadas en publicidad, el gobierno gasta en televisión, rótulos de carretera, radio y periódicos unos 10 millones de dólares y se calcula que un 80% termina en medios privados asociados a la familia gobernante.

Después de la excarcelación del asesino material del periodista Carlos Guadamuz, se han estado dando trámites en la Corte Suprema de Justicia para liberar al asesino de la periodista de La Prensa María José Bravo, trámites que han sido denunciados por los medios independientes.

El 10 de octubre, el fiscal Douglas Vargas y agentes de la policía con una orden judicial de allanamiento, la cual no especificaba delito alguno, rompieron los candados del portón de las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) que dirigen los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro. Chamorro es el director de dos programas de televisión y un semanario. En el allanamiento se llevaron documentos contables y computadoras de las oficinas, lo mismo que de las oficinas de Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). Ambas ONG fueron acusadas de triangulación de fondos, aunque después de varios meses esas alegaciones fueron desestimadas por la fiscalía que regresó lo incautado. Las pesquisas se trasladaron nuevamente al Ministerio de Gobernación. Personajes políticos, empresarios, defensores de los Derechos Humanos y dirigentes de ONG, consideraron estos allanamientos como una persecución y una amenaza contra la libertad de prensa.

El 15 de noviembre de 2008, el Juez Léstther Mendoza declaró culpable a Jaime Chamorro de injurias como representante de La Prensa, en perjuicio de los hijos de la presidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). La sentencia aún no se ha notificado. El juicio, promovido por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y en el que fueron condenados por injurias el director y el jefe de Redacción de La Prensa Jaime Chamorro y Eduardo Enríquez, respectivamente, fue apelado y hasta la fecha no ha habido ninguna sentencia.

Después de las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008, la Alianza del PLC con el Movimiento “Vamos con Eduardo”, denunció un fraude de proporciones gigantescas, aunque el Consejo Supremo Electoral (CSE) especificó que el FSLN había ganado 105 de las 146 alcaldías incluyendo la de Managua. La Alianza denunció fraude en por lo menos en 40 municipios.

El fraude fue repelido con grandes manifestaciones de repudio que fueron reprimidas con violencia. El 16 de noviembre, la Alianza convocó a una manifestación en la ciudad de León donde se perpetuó uno de los fraudes masivos. Las fuerzas de choque del FSLN se tomaron la ciudad y sus vías de acceso: “Si son de La Prensa, El Nuevo Diario o Canal 2 se las desbaratamos (las camionetas)”, amenazaban las fuerzas de choque, frente a hogueras de llantas que ardían. El abuso llegó al punto de que los grupos de choque, escondidos bajo capuchas y portando irónicamente la consigna “Amor y reconciliación”, abrían las puertas de los carros, los revisaban y juraban “Defender la victoria”. A lo largo del día impidieron todo acceso a los reporteros de La Prensa, El Nuevo Diario y el Canal 2. Los fotógrafos Miguel Álvarez de una agencia internacional de prensa; Germán Miranda de La Prensa y Ary Neil Pantoja de El Nuevo Diario, fueron agredidos.

El 12 de noviembre, el periodista Berríos, de la oficialista Radio Ya, fue lesionado con arma blanca y su camioneta donde se movilizaba fue incendiada.

El 18 de noviembre, un grupo de 40 agitadores que responden al gobierno, encapuchados, armados con pistolas y ofuscados por la marcha contra el fraude realizada en León, destruyeron totalmente los estudios de las tres emisoras más escuchadas en esa ciudad; Radio Darío, Radio Metro Estéreo y Radio Caricias, todas miembros del grupo Corporación de Radios de Occidente. Esta es la quinta vez que el Orteguismo destruye Radio Darío. Aníbal Toruño, gerente de la radio, responsabilizó al FSLN y al diputado Filiberto Rodríguez por la destrucción.

Individuos con la cara cubierta destrozaron a pedradas un vehículo del Canal 2 que los periodistas de ese medio dejaron estacionado para cubrir una marcha. En ese lugar, un grupo de simpatizantes de los liberales, insultó, empujó e intentó apedrear a los periodistas Antenor Peña y Geovani Loáisiga, del oficialista Canal 4, debido a que en sus transmisiones aseguraron que el vehículo había sido quemado por liberales. Octavio Sevilla de la oficialista Nueva Radio Ya y Oswaldo Rivas, fotógrafo de Reuters, también fueron agredidos.

A la intimidación a los periodistas se suma el comentario del procurador general de la República Hernán Estrada, el 13 de noviembre, quien aseguró que si el presidente Ortega “dispusiera llamar a las calles, no quedaría piedra sobre piedra en este país y sobre ninguna emisora, sobre ningún canal de televisión o medio de comunicación, pero gracias a Dios no lo ha hecho por la paciencia y serenidad del gobernante”.

En el congreso del Colegio de Periodistas de Nicaragua, realizado el 21 de febrero, fue presentado un proyecto de Código de Ética Periodística de dicha organización, el cual se pretende que sea obligatorio para todos los periodistas y medios de comunicación del país. También dicho proyecto propone que el Estado dicte una ley para regular la información, lo cual fue rechazado por los medios independientes. Ninguno de los dos temas fue aprobado, quedando en estudio de una comisión ética que está presidida por una diputada del partido gubernamental FSLN.

La diputada sandinista Xóchil Ocampo declaró que acusará a los diputados liberales que declararon a los medios de prensa que ella se prestaba a realizar propuestas indecorosas para conseguir votos a favor del gobierno de Daniel Ortega en la Asamblea Nacional. El abogado de la diputada solo mencionó a los periodistas y directores del Canal 2, del Canal 8, de El Nuevo Diario y La Prensa.
El 26 y 27 de enero visitó el país una misión encabezada por el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón. La misión no fue recibida por el presidente Ortega.