Perú

Durante este periodo la prensa desarrolló su labor informativa bajo un clima tenso y de inusitado protagonismo en la agenda política y el debate público, como consecuencia, en parte, de un ambiente político particularmente turbulento, a lo que se sumaron diversas iniciativas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que resultarían en serias restricciones para la libertad de prensa en el país.
Es alarmante el aumento en las provincias de casos de agresiones, amenazas de muerte y hostigamiento judicial contra periodistas, así como de violentas incursiones en medios de comunicación en represalia por su labor informativa.

Entre casos importantes está el de la periodista radial Mary Pérez, de La Voz de la Selva de la ciudad de Iquitos, blanco de reiteradas agresiones y amenazas de muerte, cuyo programa interrumpió en enero agresivamente el gerente general de la municipalidad provincial de Maynas, Rafael Saavedra. La periodista realizaba una entrevista sobre el daño que ocasiona a la reserva natural Allpahuayo Mishana un basural municipal.

Asimismo inquietan las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las amenazas de muerte, mediante llamadas telefónicas, que viene recibiendo el periodista y colaborador de Radio Cutivalú de Piura Julio Vásquez Calle como consecuencia de la publicación de fotografías que confirmarían las torturas perpetradas por miembros de la policía, de la empresa de seguridad FORZA y funcionarios de la compañía minera Majaz, contra más de treinta comuneros piuranos y cajamarquinos detenidos durante una marcha de protesta en agosto del 2005. El periodista que cubría la manifestación y que también fue detenido durante tres días, formalizó la denuncia ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, en enero.
En octubre se registró la destrucción de equipos como consecuencia de la incursión de grupos de manifestantes en las instalaciones de Radio Uno en la ciudad de Tacna y de Radio Sicuani, en la provincia de Canchis, Cusco.

Inquietantes repercusiones para la prensa se generaron a raíz de la difusión en diversos medios de comunicación, a principios de octubre del año pasado, de una serie de grabaciones hoy conocidas como “petroaudios”, que no sólo revelaron presuntos negociados ilícitos en la concesión de lotes petroleros sino que a los pocos días forzaron la renuncia del entonces Primer Ministro, Jorge del Castillo y de su gabinete de ministros.
Esa crisis política también desencadenó fuertes cuestionamientos y un debate sobre el interés público y el derecho a la información frente a la responsabilidad legal y el comportamiento ético de los periodistas y medios de comunicación que difundieron la información obtenida ilegalmente por terceros. También se produjeron actos de amedrentamiento contra algunos de los periodistas que manejaron informaciones. Los periodistas Pablo O’Brien y Fernando Ampuero denunciaron que desde octubre son objeto de seguimientos y en noviembre, desconocidos amenazaron de muerte por vía telefónica al editor político del diario Peru.21, Dan Flores.
A mediados de octubre, la jueza María Teresa Cabrera, del 27 Juzgado Penal de Lima, sentenció la inmediata detención de la controvertida y popular periodista de espectáculos Magaly Medina y de Ney Guerrero, productor de su programa Magaly TV, que transmite ATV Canal 9. Los condenó a cinco meses y tres meses de prisión, respectivamente, y al pago de una reparación de alrededor de US$25mil dólares por delito de difamación en agravio del futbolista Paolo Guerrero. La sentencia causó gran revuelo entre la opinión pública; dividida entre sus seguidores y quienes rechazan el estilo invasivo que caracteriza a sus revelaciones sobre la vida privada de futbolistas y personajes de la farándula local, lo que suele ocasionarle múltiples denuncias judiciales y condenas por delito contra el derecho a la privacidad y a la honra.
El arresto de Medina generó preocupación por las decenas de demandas por delitos de difamación, injuria y calumnia que se ventilan en el Poder Judicial contra periodistas y medios de comunicación. Medina, por cuya liberación abogó el Presidente Alan García Pérez, obtuvo su libertad el 31 de diciembre cuando la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel resolvió la apelación contra la sentencia condenatoria. Sin embargo, dicha sala confirmó su culpabilidad por delito de difamación agravada y aumentó la pena a dos años de prisión suspendida.
A principios de noviembre, una delegación de la SIP participó del Foro Chapultepec: Libertad de Expresión y Democracia en el Perú, auspiciado por el Consejo de la Prensa Peruana y el Congreso de la República, en el que 11 de los 12 partidos representados en el legislativo firmaron la Declaración de Chapultepec.

A pesar de que en octubre cuatro jueces de primera instancia rechazaron un pedido de autorización del levantamiento del secreto telefónico de nueve personas, incluyendo a los periodistas O´Brien y Ampuero, a principios de diciembre los miembros de la comisión investigadora, en uso de sus atribuciones, ordenaron levantar el secreto tributario, bancario y merced a un permiso judicial, el secreto de telecomunicaciones de los periodistas con el peligro inherente a la exposición de la identidad de sus fuentes de información.
En noviembre, el periodista Jorge Moncada, del diario El Ciclón, de la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, denunció que estando en la sede policial, miembros de la División de Criminalística de la Policía lo agredieron conminándolo a que revele la identidad de la fuente que le proporcionó información que publicó, sobre el asesinato del gerente de una importante empresa azucarera local.

Asimismo, en enero, el Consejo de la Prensa protestó por el tenor con el que la Tercera Fiscalía Provincial Supra Provincial notificó al periodista Raúl Wiener Fresco, Jefe de la Unidad de Investigación del diario La Primera de Lima, para que concurra a las instalaciones de la División contra el Terrorismo de la Policía Nacional y preste declaración indagatoria por el delito contra la Tranquilidad Pública-Terrorismo. Particularmente llamó la atención que la citación advirtiera al periodista que de no guardar reserva sobre el caso, incurriría en infracción penal.

Cabe mencionar que durante el tiempo transcurrido el director y periodistas del diario La Primera denunciaron ser objeto de agresiones y maltrato de miembros de la seguridad de autoridades judiciales y gubernamentales así como de un trato discriminatorio en la cobertura de la fuente de Palacio de Gobierno.
A finales de enero, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el artículo 162º del Código Penal, referido a la intervención en las comunicaciones, que si bien adecuaba la normatividad vigente a los avances tecnológicos en el ámbito de las comunicaciones, también incluía como responsables del delito, a quienes divulgaren materiales obtenidos inconsultamente. El rechazo generado por dicha iniciativa devino en que a los pocos días, la Ministra de Justicia retractó la posición del gobierno, sugiriendo al parlamento que rectifique o elimine de la propuesta aquellos términos que pudieran interpretarse como restrictivos a la libertad de prensa.

Existe una propuesta de modificación de la Ley de Radio y Televisión, presentado por un grupo de parlamentarios de la bancada de gobierno que plantea que las estaciones de radio y televisión obligatoriamente deberán difundir gratuitamente durante una hora programas que promuevan “temas educativos y de formación moral y cultural, así como la alfabetización, protección y conservación del medio ambiente, orientación social y todo aquéllo que ayude a promover el conocimiento que prepare para la vida, el trabajo y fomente la solidaridad”. Según la propuesta, recaería sobre los ministerios de Educación y de Transportes y Comunicaciones regular y supervisar su implementación y especifica como causal de cancelación de la licencia de operación el incumplimiento de la norma.

Se continúan registrando avances en los procesos de casos impunes de asesinatos de periodistas. En el caso de Rivera Fernández, el CPP pidió el traslado de competencia de la Corte Superior de Ucayali a un juzgado en Lima, del expediente en el que figuran como presuntos autores intelectuales del crimen el ex alcalde de Coronel Portillo, Víctor Valdez Villacorta, y el ex magistrado Solio Ramírez.

Pese a que en enero la Fiscal de la Nación se pronunció a favor del traslado del juicio, en febrero, el Fiscal Supremo Penal del Ministerio Público emitió un dictamen declarando improcedente la transferencia. En diciembre, la Sala Mixta de Jaén sentenció a Elvia Mendoza Linares y Dilber Arteaga Cabada a 27 y 10 años de prisión respectivamente, por su participación en el asesinato del periodista Miguel Pérez Julca, en la ciudad de Jaén, Cajamarca en marzo del 2007. Sin embargo, continúa prófugo de la justicia Sabino Ayala, alias “El Chino”, presunto autor material del asesinato del periodista de Radio Éxitos, que en la víspera de su muerte anunció que revelaría la identidad de policías que protegían a narcotraficantes y delincuentes.

En otro escenario, más de 20 años después de la trágica muerte de ocho periodistas, Eduardo de la Piniella Palao, Pedro Sánchez Gaviria, Félix Gavilán Huamán, Jorge Luis Mendivil Trelles, Willy Retto Torres, Jorge Sedano Falcón, Amador García Yanqui, Octavio Infante García y su guía Juan Argumedo García, en el poblado rural de Uchuraccay, departamento de Ayacucho, el Consejo de Reparaciones entregó a sus familiares los certificados de inscripción en el Registro Único de Víctimas, mediante el cual reconoce que los periodistas y sus familias fueron víctimas de la violencia que abatió al país entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.

A continuación una cronología de otros casos registrados durante este período.

El 23 de octubre, Abel Vargas Cari, director del programa Prensa Regional que transmite Radio Felicidad, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, denunció que fue golpeado y amenazado con una pistola por sus informes periodísticos sobre nepotismo y corrupción.

El 31 de octubre, Isaías Olivera Mamani, conductor del programa Victoria Informativa, Tercera Edición que transmite Radio Victoria, en la región Arequipa, denunció que una turba de aproximadamente cincuenta personas llegaron a las instalaciones de la radio con la intención de agredirlo luego de amenazarlo de muerte.

El 3 de noviembre, Tobías Zevallos Cabello, director del Radioperiódico Sucesos que transmite Radio Fiesta, en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, región Junín, fue golpeado brutalmente por el jefe del Serenazgo distrital, por sus denuncias sobre un policía municipal que disparó contra un ciudadano.

El 6 de noviembre, Javán Vásquez Huancahuari, periodista de Radio Estudio Antena Uno del distrito de Celendín, región Cajamarca, denunció que el alcalde distrital, Juan de Dios Tello ordenó el corte del servicio de energía eléctrica de la emisora, luego que el equipo periodístico del medio criticó su gestión municipal.

El 4 de diciembre, el periodista Genaro Alvarado Tuesta de Radio La Voz de la Selva, de la ciudad de Iquitos, denunció que Wilbert Mercado Arbieto, presidente de la Oficina Distrital de la Magistratura (ODICMA) de la Corte Superior de Justicia, lo atacó y echó de su oficina con ayuda del personal de seguridad cuando intentaba entrevistarlo. Horas antes en dicha emisora se informó que el magistrado habría sido sancionado por el uso indebido de un auto del Poder Judicial.

El 3 de enero, la periodista Elizabeth Salinas y Eladio Robles, Secretario General de Canillitas del distrito de Chosica, provincia de Lima, denunciaron que dos testigos les aseguraron que miembros del Serenazgo municipal compraron gran número de ejemplares del diario Perú.21 por orden del alcalde distrital Luis Bueno Quino, sindicado en la edición del diario de tráfico de combustible en complicidad con otras autoridades ediles y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). En julio del 2008, el alcalde Bueno, también fue acusado por la prensa de ordenar que la policía municipal compre todos los ejemplares del diario El Comercio, distribuidos en este distrito ubicado al este de la capital debido a la publicación de un artículo que lo denunciaba de acoso sexual.

El 20 de enero, Luis Rivas, corresponsal del diario La República, en la región Lambayeque, fue herido de bala en la pierna derecha mientras cubría el violento desalojo de cientos de invasores que permanecían en la reserva natural Bosque de Pómac.

El 21 de enero, el 57° Juzgado en lo Penal de Lima que preside la jueza Yolanda Gallegos Canales, reservó el fallo condenatorio al periodista Herbert Mujica Rojas, en la lectura de la sentencia por el juicio de difamación agravada que el gerente general de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, Jaime Daly Arbulú, entabló contra el periodista a mediados del año pasado. La jueza Gallegos se reservó el fallo condenatorio por no encontrar méritos suficientes para sancionar al autor del libro “Estafa al Perú, cómo robarse aeropuertos y vivir sin problemas”, y le dictó una reparación civil y reglas de conducta habituales. Por otro lado, el periodista Mujica tiene abierto otro juicio por difamación en el Noveno Juzgado Penal, por el contenido del mismo libro, que le ha entablado Lima Airport Partners (LAP).

El 21 de enero, el reportero Rodolfo Daza, del programa Nuevo Día que transmite, Perú TV, en la ciudad de Cusco, se vio obligado a abandonar las instalaciones del Hospital Nacional Sur Este. El jefe de la oficina de imagen del hospital, Roque Cornejo, lo agredió mientras informaba en vivo sobre las condiciones de atención al público en el nosocomio.

El 21 de enero, la candidata a la alcaldía del distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, Ana Yuffra, retuvo contra su voluntad a los periodistas Silvana Moz Mendoza, José Arbildo y Raúl Tarrillo Rojas, reportera y camarógrafos de Amazónica de Televisión, Canal 2; Marbella Mamani Villacorta y María Teresa Upiachihuay Pacaya, periodistas de Radio La Karibeña y Radio Loreto, respectivamente, quienes se encontraban en su domicilio; para impedir que entrevisten a un grupo de pobladores reunidos en la puerta del domicilio que la acusaban de estafa.

El 23 de febrero, Engels Ortiz, director del boletín E-Huacho, denunció que personal de seguridad de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, incautó ejemplares de la referida publicación, impidiendo que se distribuya entre sus alumnos. Atribuye el hecho a la denuncia sobre una inminente intervención como consecuencia de las numerosas denuncias de corrupción y malversación de fondos contra las autoridades de la universidad.
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