Uruguay

La inclinación del gobierno presidido por Tabaré Vázquez a insultar, acusar, presionar y hostigar a medios y periodistas independientes o críticos por las vías más diversas se mantuvo y, en algunos casos, incluso se profundizó en el último semestre, recibiendo de ministros, senadores y medios acólitos al presidente Vázquez adjetivaciones como “gusanos”, “deleznables”, “bajos”, “infames”, “difamadores”, “inventores de noticias”, “tergiversadores”, “mentirosos sin escrúpulos”, “payasos” e “hijos de puta”.
Uno de los casos más graves involucró al subdirector de Comunicación Institucional de la Presidencia, Gustavo Antúnez, quien cuestionó al jefe de informativos de radio El Espectador, Martín Pintos, cuando éste informaba sobre un discurso del presidente Vázquez el 8 de marzo. Pintos recibió un mensaje de texto desde el teléfono celular mientras anunciaba que, luego del discurso del presidente, pondría al aire opiniones de la oposición. El subdirector Antúnez le escribió: “¿Por qué aclarás? Tenés miedo de presentar a un presidente de verdad, gusano”.
Luego de publicada la denuncia de Pintos, Antúnez admitió que le había enviado ese mensaje al periodista, pero intentó bajarle revoluciones a su ataque diciendo que es una pérdida de tiempo aludir al caso que él juzgó como “estrictamente personal”. Curiosamente, durante el discurso acerca del cual informó Pintos en su radio, el presidente Vázquez anunció que su gobierno sería “implacable con quienes no quieran respetar el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente, con respeto y con tolerancia”. Pero, hasta el momento, el presidente Vázquez no adoptó ninguna decisión sobre la conducta del funcionario, incluso después de la admisión por parte de éste en cuanto a la autoría del mensaje insultante.
Una denuncia similar fue hecha pública el 12 de marzo por el semanario “Voces del Frente”, de izquierda pero independiente. En un editorial titulado “No se aceptan llamadas”, el periódico recordó que el presidente Vázquez dijo hace algunos años que en su gobierno no habría “más llamaditas” para presionar a los periodistas, pero informó que “en las últimas semanas” recibió por lo menos cuatro llamadas para quejarse por informaciones publicadas y para averiguar las fuentes informativas. “No llamen más, no disquen el teléfono. No pierdan el tiempo, ni ustedes ni nosotros. Mantengamos la coherencia de respetar al que critica o piensa diferente”, reclamó el semanario.
El empleo de la publicidad estatal para premiar a los medios más adictos al gobierno se consolidó también en desmedro de la prensa independiente o crítica, generando condiciones de competencia desiguales e injustas.
El presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu), Rafael Inchausti, reclamó “reglas claras” y “criterios de eficiencia, transparencia y equidad” en la asignación de la publicidad del Estado, porque “no siempre” se distribuye de la forma “más adecuada”. A su vez, un informe preparado por cuatro ONGs, entre ellas la argentina Asociación por los Derechos Civiles (ADC), detectó “una discriminación positiva con respecto a los medios considerados afines al gobierno”, especialmente tres: el diario La República, la revista Caras y Caretas y la radio AM Libre, todos autodefinidos como oficialistas. La directora de Radio Centenario, Sandra Barón, de orientación izquierdista pero crítica de la gestión de Tabaré Vázquez, acusó al gobierno de querer “matar” a la emisora aplicando criterios “absolutamente fascistas” en la asignación de la publicidad estatal. Barón también denunció hostigamiento de agentes estatales, con inspecciones para “controlar” si se fuma en los estudios de la radio, cortes de luz de la empresa estatal de electricidad UTE e interrupciones en los servicios telefónicos por la estatal Antel.
“Hay gobiernos que siguen pensando que la facultad de asignar publicidad es una facultad discrecional y que realmente ellos no tienen que darle publicidad a los críticos porque no ayudan a las políticas de gobierno. Eso es un error y una forma de censura”, dijo la relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, durante una visita a Uruguay realizada en noviembre.
La “censura previa” volvió a reinstalarse en el debate público por primera vez desde el final de la dictadura militar (1973-1985), a raíz de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. En octubre, Inchausti, el presidente de Andebu, denunció que un decreto gubernamental que cambió la forma de asignar las frecuencias de radio y televisión “establece que un determinado tipo de contenidos” que sean propuestos por los interesados “serán valorados mejor que otros” por el gobierno y que eso implica una suerte de “censura previa”, la cual está prohibida en la Constitución. Ese mismo mes, un tribunal de apelaciones civil admitió la posibilidad de que la “censura previa” pueda ser aplicada sobre los contenidos de los medios si los jueces consideran que informaciones que están a punto de ser difundidas pueden dañar la salud de las personas. La relatora Botero criticó esta sentencia, hablando de “censura judicial”.
Por su parte, el director de Defensorías Públicas del Estado, Juan Jacobo, reclamó prohibir a través de organismos estatales programas de televisión que, según él, son “chabacanos”, “groseros”, “desfachatados”, “burdos mamarrachos” y afines a emplear “un vocabulario descompuesto”.

El Parlamento aprobó una ley de acceso a la información pública que implicó un avance respecto al vacío legal existente sobre ese tema, aunque mantuvo severas restricciones para que ese derecho pueda ser ejercido. Además, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que despenaliza los delitos de “difamación” e “injurias”, elimina la figura de “atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero”, introduce el concepto de la “real malicia” para juzgar a medios y/o periodistas y modifica levemente la legislación sobre los delitos de “desacato” y el llamado “derecho de respuesta”. El proyecto, aún no aprobado por la Cámara de Diputados, carga, sin embargo, con ciertas disposiciones contrarias a la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión: la “real malicia” debe ser probada por los periodistas y no por los acusadores, el “desacato” contra funcionarios públicos se mantiene con demasiada amplitud y el “derecho de respuesta” sigue dejando al arbitrio de los jueces la intromisión del Estado en los contenidos de la prensa.

Cronología de los temas más importantes:

El 2 de octubre, la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay criticó un decreto que modificó el mecanismo de asignación de frecuencias, la prohibición de emitir publicidad de productos derivados del tabaco en los medios de comunicación y un proyecto de ley que obligaría a los canales de televisión abierta y por abonados a ceder espacios gratuitos a los partidos políticos durante la campaña electoral.

El 8 de octubre, el Poder Legislativo aprobó el proyecto de ley de “acceso a la información pública”. La ley establece excepciones como la clasificación de información “secreta” o de “carácter reservado”, cuando se afecta la “seguridad pública” o la “dignidad humana”.

La periodista Ana María Mizrahi es demandada civilmente por Celeste Álvarez, sobrina del ex dictador Gregorio Álvarez, por los delitos de difamación e injurias. Celeste Álvarez reclamó a la conductora del programa de la televisión estatal “La noticia y su contexto” una indemnización de 40.000 dólares por declaraciones que un ex guerrillero tupamaro había hecho el 9 de mayo de 2007 durante una entrevista en esa emisora.

El 20 de octubre, el “Informe sobre censura indirecta en Uruguay”, estudio del período 2005-2007 que fue desarrollado por ONGs, detectó que el estado tiene una gran “disparidad de criterios” para la asignación de publicidad oficial.

El documento concluye que “puede intuirse una discriminación positiva con respecto a los medios considerados afines al gobierno”, y en particular, un “sesgo sutil” en favor del diario oficialista La República y de la radio, también oficialista, AM Libre. Los diarios El Observador, La República y Últimas Noticias, en ese orden, “recibieron similar publicidad detrás del líder El País”, advierte el informe. Agrega que en cuanto a las revistas semanales la diferencia entre líderes del mercado y aquéllos que tienen ventas marginales o menores es flagrante. Así, la oficialista Caras y Caretas tiene casi la misma asignación global de gasto publicitario oficial que Brecha (independiente, de izquierda y en ocasiones crítica con el gobierno), que duplica en ventas a aquélla. Además, Caras y Caretas se ubica apenas por debajo de Búsqueda (independiente), que vende entre cuatro y seis veces más. En materia de radios, la oficialista AM Libre recibió más del 17% del total de la publicidad oficial, cuando su cobertura llega a 4,3 puntos de audiencia. En cambio, Radio Montecarlo, líder indiscutible en audiencia (18,1 puntos de cobertura), recibió sólo el 10,2% de la publicidad estatal.

El 28 de octubre, un Tribunal de Apelaciones Civil consideró posible en una sentencia que se aplique la “censura previa” si informaciones que estén a punto de ser difundidas pueden generar daños a la salud de las personas. El fallo de los ministros Luis María Simón, Alicia Castro y Sandra Presa resolvió un pedido de amparo presentado por una familia para que la emisora privada Saeta TV Canal 10 no emitiera un capítulo de su programa “Víctimas y Victimarios”, en que se iban a recrear asesinatos cometidos por un individuo esquizofrénico e “inimputable”. Como el canal decidió voluntariamente no emitir ese capítulo, el tribunal judicial rechazó el pedido de amparo. Pero advirtió que, si hubiera ordenado al canal abstenerse de difundir esas imágenes, no estaría ejerciendo la “censura previa”. El tribunal dijo que “el derecho a informar, siendo un derecho fundamental, no es irrestricto y por eso es susceptible de generar responsabilidad en caso de lesionar otros derechos fundamentales; en particular, la dignidad o la salud de otras personas”.

El 3 de noviembre, el presidente Tabaré Vázquez comenzó a autorizar la transferencia a testaferros del empresario mexicano Angel González del 100% de las acciones de más de una decena de radios uruguayas en cinco de los 19 departamentos del país. González, que posee cadenas de radio y televisión en otros países, pasa a ser propietario en Uruguay de las radios Sarandí 690, Sport 890, Disney 91.9, Radio Integración Americana, Futura 91.1 y Emisora del Plata 95.5 (Montevideo), FM Total 102.9 y Santa Rosa 90.5 (Canelones), Radio Real 1590 (Colonia), Cenit 100.3 (Rivera) y La Pedrera FM (Rocha). En marzo, la ONG uruguaya “Grupo Medios y Sociedad” (GMS) denunció en un comunicado “la masiva compra de emisoras del empresario extranjero Angel González, a través de testaferros, violando la legislación de radiodifusión” y reclama “urgentes acciones” a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). El director de la Ursec, Jaime Igorra, respondió a la acusación afirmando que no hay nada ilegal en la concesión de dichas ondas.

El 4 de noviembre, la bancada de senadores del gobernante Frente Amplio presenta un proyecto de ley sobre publicidad electoral que obligaría a las emisoras de televisión a ceder minutos gratis de propaganda política entre las 17:00 y las 23:00 horas.

El 10 de noviembre, el gobernante Partido Socialista llamó la atención al director del diario oficialista La República por un artículo sobre discusiones internas firmado por el periodista Marcel Lhermitte, al que acusó de “deleznable” y “desagradable”. El director del periódico, Federico Fasano, manifiestó “total acuerdo” con el Partido, pidió disculpas e hizo pública su decisión de retirarle al reportero la “confianza ética, moral y profesional”. Lhermitte renunció a La República.

El 16 de noviembre, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de ley que modifica la legislación sobre “delitos de comunicación”. El proyecto eliminó los delitos de “difamación” e “injurias” para la difusión de “cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos públicos”. También contempla a quien “reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el autor de las mismas se encuentre identificado”, así como a quienes realicen o difundan “cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que refiera a alguna de las hipótesis precedentes”. El proyecto advierte que esa exención de responsabilidad “no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada”. El texto también elimina del Código Penal la figura del “atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero”. Modifica asimismo la legislación sobre el delito de “desacato” indicando que se incurre en él cuando el actor menoscaba “la autoridad de los funcionarios públicos” de dos maneras: por medio de “ofensas reales ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que éste ejerciera sus funciones”, o por medio de la “desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público”. En esos casos, el delito se castiga con tres a 18 meses de prisión. No obstante, establece que “nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad”. La propuesta legal también incluye leves cambios respecto al llamado “derecho de respuesta”. “En cualquier etapa del procedimiento, se clausurará de inmediato la causa si el responsable del medio de comunicación acreditare haber publicado o emitido la respuesta reclamada, con similar destaque de la información que la provocó”, dice. La Cámara de Diputados aún no aprobó el proyecto.

El 19 de noviembre, el periodista Alexis Cadimar, de la emisora FM Gente de Maldonado (170 km al este de Montevideo) denunció a la policía insultos y amenazas contra su integridad física por parte de un empresario inmobiliario extranjero con fuertes intereses en la ciudad balnearia Punta del Este.

El 28 de noviembre, un Tribunal de Apelaciones Penal revocó un fallo de primera instancia y condenó al periodista Luis Alberto Giovanoni a cinco meses de prisión en suspenso por el delito de “injuria especialmente agravado”. El caso se originó cuando el reportero —director de Radio Arapey y columnista del diario El Pueblo de Salto (496 km al noroeste de Montevideo)— criticó duramente al jefe de un operativo policial en un partido de fútbol a raíz del cual él y su hijo habían sido detenidos. El Tribunal sostuvo que la conducta del reportero estuvo “reñida con lo más elemental de la ética” del periodismo, porque —dijo— éste se valió de su posibilidad de acceder a un medio de comunicación para “canalizar problemas personales”.

El 11 de enero, un hijo de la periodista Marlene Vaz, procesada en 2008 por el delito de “difamación” luego de denunciar supuestos casos de corrupción en la Policía de Río Branco (426 km al noreste de Montevideo), murió porque alguien de la policía “dio la orden” de no prestarle “asistencia” mientras sufría un paro cardíaco, como represalia por su trabajo periodístico, denunció la reportera. Vaz ha dicho que desde hace años es víctima de una “persecución” por parte de un grupo de policías, porque en 2006 informó en su semanario Opción Cero acerca de un robo en el interior de la seccional 3ª de Policía de Cerro Largo (departamento donde se encuentra la ciudad de Río Branco), de mercadería que había sido incautada previamente por haber ingresado al Uruguay de contrabando.

El 11 de febrero, la ministra de Interior, Daisy Tourné, arremetió contra los diarios El Observador, El País y Últimas Noticias por las discusiones internas en el Frente Amplio en torno a la seguridad pública en el marco de la lucha intestina por la definición de las candidaturas presidenciales.

El 15 de febrero, el Poder Ejecutivo decidió reservar la explotación del sistema triple play, que lleva televisión, telefonía e Internet a la vez, a la telefónica estatal Antel y a los operadores nacionales de televisión para abonados. El gobierno excluyó a las empresas privadas extranjeras y todas las de otros rubros de las telecomunicaciones. Entre los excluidos, figura la mexicana Telmex, a la cual el propio gobierno ya le había concedido una licencia para operar televisión satelital.

El 27 de febrero, el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, del gobernante Frente Amplio, cuestionó a la prensa, en particular al semanario Búsqueda, y le reclama que difunda las fuentes en que basa sus informaciones. Fernández Huidobro dijo que los periodistas de Búsqueda no difunden noticias sino “pelotazos” y los tildó de “payasos”.

El juez civil Alejandro Recarey rechazó una demanda contra Saeta TV Canal 10 del múltiple homicida Pablo Gonçálvez, quien cumple una condena por haber violado y asesinado a tres mujeres a principios de los ‘90. En agosto de 2007, el programa “La culpa es nuestra” de Canal 10, emitió una caricatura que sugería un posible encuentro sexual entre Gonçalvez y otros reclusos. El juez dictaminó que la libertad de expresión, y en particular la vinculada con el género de la parodia, “prevalece” por sobre el derecho al honor que puede argumentar una persona que se considera afectada moralmente.

El 5 de marzo, el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, del gobernante Frente Amplio, insultó públicamente al semanario Búsqueda, luego de que éste publicara afirmaciones realizadas en un juzgado penal por el ex dictador Gregorio Alvarez. Fernández Huidobro dijo que el simple hecho de informar sobre lo que el ex dictador había declarado en el juzgado supone que Búsqueda trabaja “para la dictadura” y que se trata de un semanario “hijo de puta”.