Noticias de un secuestro

Detrás de sus gafas delgadas, pulcro y trajeado con sobriedad en un despacho más grande y luminoso que aquella celda, o “tubo”, o “leonera”, en la cual permaneció encapuchado todo el tiempo, Jorge Fontevecchia admitió con voz pausada: “Traté de no quedar detenido en eso, de no dejarme llevar por una actitud de resentimiento”.

Trató, en principio, de aventar los fantasmas del secuestro y de la tortura que padeció durante 10 días en enero de 1979. Cuatro años después, al borde de la transición hacia la democracia en la Argentina, debió partir hacia Venezuela y asilarse en los Estados Unidos, de modo de eludir otra orden de detención tras haber sido amenazado y presionado una y otra vez por los funcionarios y los matones de entonces. En todos los casos, convino, por su labor periodística. O por sus “actos de profunda rebeldía” en esos años, dominados por la represión, la censura y la muerte.

La violencia pidió pista en la Argentina con el regreso de Juan Domingo Perón. Su secretario privado en el exilio, José López Rega, ministro de Bienestar Social de su viuda, María Estela Martínez, alias Isabel, creó en agosto de 1973 la Alianza Antiterrorista Argentina (Triple A o AAA). Iba a llamarse Alianza Antiimperialista Argentina y pretendía recuperar las islas Malvinas, pero terminó siendo una célula paramilitar que perseguía a virtuales subversivos o izquierdistas. En esa fuente, entre otras, abrevó el terrorismo de Estado instaurado por la junta militar formada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. En ese período, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, habían sido asesinados ocho periodistas en el país.

Lejos estaba Fontevecchia de comulgar con subversivos o izquierdistas; lejos estaba, también, de comulgar con las advertencias que recibía a menudo: “Soy de los argentinos que ingenua y honestamente al comienzo de la dictadura militar no podían creer que hubiera campos de concentración en la Argentina: hasta que terminé en uno de ellos –señaló–. No estaba en mi cabeza que en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) pudiera haber un campo de concentración. No podía imaginar a las fuerzas armadas delinquiendo. A pesar de que el día que me detuvieron había estado reunido con el embajador de Cuba, tratando de convencerlo de que me consiguiera un reportaje con Fidel Castro porque se cumplían 20 años de su revolución, no terminé en El Olimpo por enarbolar ideas prosoviéticas sino exactamente por lo contrario: siendo liberal, no acataba las órdenes de censura a pensadores, artistas o políticos como (Ernesto) Sabato, Mercedes Sosa o (Ricardo) Balbín, por ejemplo. Ese día, cuando salí de la editorial, desaparecí”.

Era el 6 de enero de 1979 a eso de las 10 de la noche. Siete coches, marca Ford Falcon todos ellos, estaban esperándolo. A unas 10 cuadras de la editorial descendió de su coche con el documento en la mano. Creyó que era un operativo de rutina. Lo encañonaron. Desapareció.

Pecados de juventud

En la presentación de su libro Entretiempo, a fines de 2005, el periodista Jorge Lanata le preguntó:
–¿Por qué te secuestraron?
–Yo era muy chico e inconsciente: me peleaba con los militares –respondió Fontevecchia–. Yo no soy de izquierda y además estaba en contra de la guerrilla, como de cualquier persona que tomara las armas ilegalmente, sea desde el Estado o fuera de él. Pero el problema era que no acataba la prohibición de publicar notas.

A los 21 años, admitió, “era muy ignorante y obviamente inexperto”; dirigía la revista La Semana, “muy primitiva, formada por cuatro personas”, predecesora de Noticias. A los 50, con su autorretrato de “liberal de izquierda” ha logrado confundir al gobierno más comprometido con la revisión de las violaciones de los derechos humanos entre 1976 y 1983 después de Raúl Alfonsín, cuya gestión, la primera democrática tras la dictadura militar, se caracterizó por haber juzgado a las juntas.

Tanto ha logrado Fontevecchia confundir al gobierno de Néstor Kirchner, acaso por no haberlo podido encasillar en un extremo o el otro del arco ideológico, que se sintió aludido por una confesión del presidente de la República: “Sí tiene una cuestión personal contra un periodista, porque siente que lo calumnia”, reveló Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación, de Buenos Aires. No lo mencionó, pero dio una pista: “No pertenece a la prensa gráfica diaria ni a los medios audiovisuales”.
Días después, el caso Fontevecchia estuvo incluido en el capítulo Argentina de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada entre el 17 y el 20 de marzo de 2006 en Quito, Ecuador, como parte de un panorama ensombrecido por “los ataques directos y subrepticios al periodismo independiente, las agresiones verbales y el desprecio hacia la actividad profesional” que “no han cesado en los últimos cinco meses en nuestro país”. Describía las amenazas y las agresiones de las que habían sido objeto periodistas de su diario, Perfil, en Río Gallegos, la ciudad de Kirchner, y refería la calificación de “enemiga del Gobierno” que había recibido la revista Noticias, también de su sello editorial.

En la planta baja del edificio de Perfil, cuyos orígenes se remontan a 1950, cuando Alberto Fontevecchia, padre de Jorge, fundó la Linotipia Fobera S.A., los ojos de José Luis Cabezas, fotógrafo de Noticias asesinado el 25 de enero de 1997, soslayan un trozo auténtico del Muro de Berlín, “obstáculo de la información entre un sector y el otro”.

En el último piso, el 14°, repleto de ejemplares de los otros títulos de la editorial (Caras, Fortuna, Semana, Semanario, Mia, Weekend, Super, Hombre, Parabrisas, Neo, Luz, Look, Claro, Crucigrama, Joker, La Tecla y Fútbol), Fontevecchia no vaciló en decir que “este gobierno no respeta la división de poderes” y en dudar que “tenga la convicción sobre los valores republicanos que sí tuvo Alfonsín, más allá de sus desaciertos”. Con Kirchner, dijo, nunca cruzó palabra.

Quizá no supo Kirchner, como muchos, que Fontevecchia había sido víctima del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Quizá no supo, como muchos, que en El Olimpo, centro clandestino de detención montado entre mediados de agosto de 1978 y fines de enero de 1979 en la División de Automotores de la Policía Federal, de Buenos Aires, “me mantuvieron todo el tiempo con capucha” y sólo “me sentía libre cuando dormía”; con suerte, dos horas consecutivas. Quizá tampoco supo, como muchos, que su caso no quedó asentado en los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), porque, dijo, “frente al drama de los demás, sentí cierto grado de culpa por haber sobrevivido”.

Desde Perfil, el diario que relanzó como dominical en 2005 después de haberlo editado durante 84 días en 1998, comenzó a contar el 25 de septiembre de 2005 la historia que no quería contar. En un tributo a Robert Cox, ex director del Buenos Aires Herald y ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su compromiso con los derechos humanos durante los años de plomo, Fontevecchia escribió: “Gracias a que los diarios de distintas partes del mundo reprodujeron informaciones originadas en el Herald sobre mi desaparición, los militares consideraron que mi muerte tendría un costo excesivo para ellos”.

Eran, para muchos, las primeras pinceladas de la historia. Al mes siguiente, en la edición del 23 de octubre, abundó en detalles con una columna que vino a ser el complemento de una información exclusiva: el juez federal Rafael Rafecas había decidido considerar constitutivas del delito de tortura, no meras derivaciones de la privación ilegítima de la libertad, las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los detenidos en los centros clandestinos El Atlético, El Banco y El Olimpo, a cargo del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura militar.

En el fallo, de 850 páginas, describía, entre otras razones, el tabicamiento; la supresión de la identidad (asignación de un número); el engrillamiento; la condición de cautividad en “tubos” o “leoneras” (celdas angostas y de tabiques bajos en las que las personas estaban con los ojos vendados y cadenas con candados en los pies); la supresión de toda forma de comunicación; los castigos permanentes; la ubicua amenaza de ser torturado o asesinado; la escasa y deficiente alimentación; la falta de higiene y el progresivo deterioro sanitario; la exposición a la desnudez; la imposición de sesiones de tormentos físicos, y los atropellos de connotación sexual.

“Tuve la suerte de nacer tarde; con un par de años más, otra hubiera sido mi suerte –concluyó Fontevecchia–. Yo llegué a El Olimpo un 6 de enero y al fin de ese mes, el último centro clandestino de detención se desactivó. A pesar de que hubo esporádicos secuestros hasta 1982, fue en 1979, con el pase a retiro del general Suárez Mason, quien ordenó mi detención, como jefe del Primer Cuerpo de Ejército, cuando la metodología de las desapariciones comenzó a quedar en desuso.”

Guillermo Suárez Mason murió el 21 de junio de 2005 de un paro cardíaco; tenía 81 años y, a pesar de haber sido indultado por el ex presidente Carlos Menem, era juzgado por 43 asesinatos y 23 secuestros. La decisión de Rafecas de calificar de tormento aquello que habían vivido los cautivos en El Olimpo llevó a Fontevecchia a contar la historia. Su historia. Revisó las fotos de los 14 procesados en la causa, pero no reconoció a ninguno. No había podido ver a ninguno, en realidad, encapuchado como estaba.

Memoria y balance

“Cuando terminó el Mundial de fútbol, unos 30 hombres de los que habíamos custodiado el estadio fuimos convocados a Campo de Mayo, donde recibimos instrucciones del segundo comandante, cuyo nombre de guerra era Cortez, sobre una misión especial por la cual íbamos a cobrar un sobresueldo –declaró el gendarme Omar Eduardo Torres, miembro del Primer Cuerpo de Ejército, ante la Conadep–. Debíamos dejarnos el pelo largo y barba, y utilizar apodos. Posteriormente, nos ordenó presentarnos en Lacarra y Falcón, en los primeros días de julio de 1978. Cuando entramos, vimos que personal del Servicio Penitenciario Federal estaba terminando la construcción, destinada a alojar a los prisioneros.”

Debajo de un tinglado de metal de unos 10 metros de altura había tres sectores, con techos de cemento, custodiados por dos o tres guardias. El ala de los incomunicados, en donde estuvo Fotenvecchia, tenía ventanas ojivales que habían sido cubiertas con mampostería. Más allá estaban la sala de torturas, las letrinas, una celda, un laboratorio fotográfico y dactiloscópico, una oficina de operaciones especiales, una cocina, un comedor, una enfermería, y una sala de archivo y documentación y otra de rayos X. Tres pasillos conducían a las celdas; en cada línea había un baño con una cortina como puerta. Una habitación más grande se utilizaba para reparar los artículos electrónicos que robaban en los allanamientos.

“Muchas veces pude ver a los encargados de los secuestros, o sea la patota, llevarse en sus automóviles enseres robados de las casas allanadas –corroboró Torres–. También había un depósito destinado a guardar el botín de guerra. Nosotros estábamos encargados de la seguridad interna del campo y no podíamos tener trato con los detenidos, aunque a veces los sacábamos para ir al baño. El interior del campo El Olimpo era como una prisión. Tenía una entrada que daba a la guardia, donde había un libro en el cual se anotaba la entrada y la salida de los detenidos, el calabozo que le asignaban y el número y la letra que le adjudicaban reemplazando su nombre y apellido. Asimismo, ponían la causa de su detención.”

El Olimpo abrió sus puertas al público el 25 de noviembre de 2005. Movido por el recuerdo o por la curiosidad, Fontevecchia traspuso el portón de acero y recorrió cada centímetro del garaje de paredes de cemento que, durante 10 días, albergó sus espantos. En la visita, guiado por Susana Caride, empleada de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuya identidad era P68 mientras era presa del mismo horror, se enteró de la suerte de otra detenida, La Negrita, encargada de llevarle la comida: continuaba desaparecida. En el pabellón general, mientras él estaba incomunicado, había unas 40 personas. En los interrogatorios, dijo, había un bueno y un malo, como suele suceder.

“Los presos eran conducidos a la Base Aérea El Palomar, donde llegaban otros camiones con detenidos, y todos eran subidos a aviones –dijo Torres–. Por lo que comentaban, luego los arrojaban al mar. A veces debí realizar otras tareas además de la guardia, como ir a buscar comida al Regimiento de Ciudadela o, en una oportunidad, ir al Hospital Militar a custodiar a un detenido de El Olimpo que había sido muy torturado, a pesar de lo cual estaba esposado de pies y manos. También participé de los grupos de tareas, saliendo a hacer algunos operativos, para lo cual pedíamos zona liberada a la comisaría del lugar donde debíamos actuar. Los grupos en que participé fueron el GT1 y GT2. También había otros oficiales del Ejército, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía Federal.”

En una de sus columnas, Fontevecchia escribió: “De El Olimpo recuerdo olores nauseabundos, sonidos desgarradores y dolores que terminan anestesiando. Pero mi memoria no pudo ser visual: me mantuvieron todo el tiempo con capucha, incluso dormía con ella. Dormía poco, pero cuando me dejaban hacerlo por dos horas seguidas volvía a ser libre”.

Libre no volvió a ser. Al menos, del recuerdo. O del trauma. Meses después de haber estado en esa sucursal del infierno, tan “tocado” que no editaba revistas sobre política, sino sobre cine, sus carceleros cumplieron con una advertencia con tono de amenaza: “Te vamos a estar vigilando continuamente –le dijeron–. De la misma forma en que te largamos, te volvemos a traer. Además, cada tanto te vamos a llamar por teléfono. Nos identificaremos como Clark Kent y vos no dejes de atender”.

De la advertencia que había recibido tras su liberación nadie sabía: “Cuando me secuestraron, mi madre casi se ahoga en el llanto y se prometió no trabajar nunca más en la editorial: preferí guardarme todas las experiencias. Ni siquiera conté nunca, durante estos 26 años, la historia de Clark Kent”.

El falso imitador de Superman no volaba. Iba en un Ford Falcon, nave insignia de las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar, que Fontevecchia, después de un llamado telefónico, debió abordar en la esquina de Corrientes y Talcahuano, de Buenos Aires, por indicación de un hombre que se había acercado a él: “Suba al auto que está parando ahora”. Clark Kent, sentado a su lado, usaba gafas, pero no eran recetadas, sino “oscuras, típicas de la época”. Tenía unos 35 años, aspecto de mayor recién ascendido y ropa de calle; sonreía con autosuficiencia.

“Me llevaron a un bar de Palermo, en el Rosedal, donde tomamos un café y mantuvimos una conversación anodina durante alrededor de 15 minutos –dijo Fontevecchia–. Y me devolvieron a Corrientes y Talcahuano: en total estuve con ellos algo más de una hora. Realmente fue un tormento.”

Es el pasado que vuelve

El tormento no cesó. Fontevecchia, empero, preservó su derecho a la reserva, renuente a contar la historia. “Después de lo que pasé en El Olimpo quedé con tanto miedo que durante tres años me dediqué a hacer revistas de televisión hasta que llegó la Guerra de las Malvinas, la que me produjo una conmoción tal que me hizo nuevamente perder el miedo (creo que la palabra correcta sería recuperar la vergüenza)”, señaló.

Perdió el miedo, o recuperó la vergüenza, y contrató al periodista norteamericano Jack Andersen, premio Pulitzer 1972 por sus investigaciones sobre el papel de la administración del presidente Richard Nixon en la guerra entre la India y Paquistán. Publicó el primer artículo, de 15.000 palabras, en la portada de La Semana. Decía que la Argentina iba a perder la guerra, que Leopoldo Fortunato Galtieri iba a ser depuesto, que la aviación iba a ser efectiva, que el desempeño de la Marina y del Ejército iba a ser deplorable y que Margaret Thatcher iba a ser reelegida. Acertó en todo.

En el Estado Mayor Conjunto, el general Ramón Camps, responsable del secuestro del fundador del diario La Opinión, Jacobo Timerman, mientras era jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, puso una pistola calibre 45 sobre el escritorio y espetó: “Jovencito, usted es un idiota útil de los norteamericanos; todo lo que dice en esta nota de su revista son mentiras, no existe una flota inglesa de 40 barcos en camino al Atlántico Sur; lo dicen para amedrentarnos, como hicieron con los japoneses con radio rosa de Tokio, y obligarnos a negociar; nosotros vamos a ganar la guerra y cuando termine a usted lo vamos a fusilar por traición a la patria; no lo fusilamos ahora porque estamos guardando todas las balas para los ingleses”.

Fontevecchia, de piedra frente a él, decidió seguir las alternativas de la guerra desde el sur argentino, entre el cabo San Jorge y Río Gallegos, de modo estar lo más cerca posible de los acontecimientos. Tres meses después del final, en octubre de 1982, La Semana resultó clausurada. Cuarenta y un días después, la Corte Suprema de Justicia resolvió fallar a favor de la reapertura.

“Recuerdo la cara de asco y desprecio con la que me miraba el ministro del Interior, general Llamil Reston, cuando me citaron en diciembre de 1982 a la Casa Rosada para anunciarme que el Gobierno había decidido acatar lo dispuesto por la Corte”, dijo Fontevecchia.

Le advirtieron, no obstante ello: “Esto no quedará así”.

No quedó así, desde luego. Al año siguiente, el 24 de marzo de 1983, en coincidencia con el séptimo y último aniversario de la dictadura militar, una nota publicada en La Semana sobre las fechorías del capitán Alfredo Astiz, alias El Angel Rubio de la Muerte por su participación en secuestros en la ESMA y por haber marcado sospechosos como infiltrado en las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, derivó en su pedido de captura. En ese momento, recordó, Alfonsín le dijo: “Hijo, lo necesitamos vivo para la democracia, cuídese”.

A los ojos del gobierno militar, Fontevecchia participaba de una campaña que tendía a “desestabilizar el proceso de institucionalización democrática”. Veinte efectivos de la Superintendencia de Seguridad Federal, al mando del coronel Alejandro Arias Duval, fueron por él a la redacción de La Semana. Eran las siete de la tarde.

Fontevecchia prometió atenderlos. Fue al garaje, en donde estaba esperándolo un amigo. En el baúl de su coche salió sin ser visto. Tres horas después, los agentes de seguridad prohibieron la salida a todos. Entre ellos estaba su mujer, Myriam Bunin, redactora de TV Todo; la encerraron en una oficina, pero no pudieron sacarle información sobre su paradero.

El padre de Fontevecchia, Alberto, con la intención de serenar los ánimos, dijo a esa hora que su hijo no estaba en la editorial ni en su domicilio. Estaba prófugo, pues: el decreto 685, anunciado esa noche por el Ministerio del Interior, decía que debía quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “por haberse determinado que su conducta está ligada a una campaña que tiende a la desestabilización del proceso de institucionalización democrática en curso, iniciado por las Fuerzas Armadas”.

Lo acusaban de traición a la patria. Era una suerte de espía inglés. Le endilgaban vínculos con el Foreign Office (la cancillería británica). El decreto 682, a su vez, ordenaba el secuestro y la prohibición de circulación del número 328 de La Semana, dedicado a Astiz, por “el propósito de desprestigiar la imagen de las Fuerzas Armadas, acusándolas de actitudes violatorias de los derechos humanos”.

Frente a ello, el presidente y el secretario general de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Luis Etchevehere y Ricardo Sáenz Valiente, respectivamente, exhortaron al gobierno de Reynaldo Bignone a “abandonar la vía administrativa para sancionar presuntos ilícitos penales”. Decían en un telegrama que “hay jueces en la Argentina que pueden decir que hay derecho, y resolver con justicia y equidad”.

Titulaba el diario La Nación: “Denuncian una campaña para desestabilizar al Gobierno”.
Titulaba el diario Clarín: “Ordenan la captura del director de La Semana”.

Después de estar unas horas en casa de un amigo, Fontevecchia pasó la noche en la residencia del embajador de Venezuela, Jorge Daguer. De él no se separó hasta la mañana siguiente, escoltado con un salvoconducto diplomático hasta las escalerillas del avión de bandera venezolana en el cual iba a volar a Caracas, en donde había acordado con la embajada norteamericana, reacia a enfrentarse con el régimen argentino, que iba a recibir la visa de asilo en los Estados Unidos. A la Argentina regresó poco antes de las elecciones de ese año, 1983, ganadas por Alfonsín.

Con toda razón, cuatro días después de la entrevista que mantuvimos el 22 de marzo de 2006, dos días antes del 30° aniversario del comienzo del horror, se preguntó: “¿De quién son los recuerdos personales cuando a un individuo le toca vivir experiencias históricas? ¿Le pertenecen a la persona y tiene sobre ellos derecho de reserva, por ejemplo, por pudor?”. Por pudor, precisamente, no había querido contar la historia. La historia que, quizá, terminó contándolo a él.

Fuentes

* Débora Piccinini, Juez Rafecas: la detención en “El Olimpo” era tortura, diario Perfil, Buenos Aires, 23 de octubre de 2005
* Jorge Fontevecchia, El último 24 de marzo, diario Perfil, Buenos Aires, 26 de marzo de 2006
Daniel Olivera, El debate de ideas Lanata-Fontevecchia, diario Perfil, Buenos Aires, 24 de diciembre de 2005
* Joaquín Morales Solá, Qué piensa Kirchner después de la victoria, diario La Nación, Buenos Aires, 26 de febrero de 2006
* Informe ante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Quito, Ecuador, del 17 al 20 de marzo del 2006
* Jorge Fontevecchia, Bob y el terrorismo, diario Perfil, Buenos Aires, 25 de septiembre de 2005
* Jorge Fontevecchia, El tormento, según Clark Kent, diario Perfil, Buenos Aires, 23 de octubre de 2005
* Jorge Fontevecchia, El último chupadero, diario Perfil, Buenos Aires, 27 de noviembre de 2005
* Jorge Fontevecchia, Memorias del Olimpo, diario Pefil, Buenos Aires, 4 de diciembre de 2005
Testimonio sobre el funcionamiento del C.C. con el I Cuerpo de Ejército confirmado por el gendarme
* Omar Eduardo Torres, Legajo N° 7077, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Buenos Aires, septiembre de 1984
* Jorge Fontevecchia, Entretiempo, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A., Buenos Aires, 2005

Datos personales
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 15 de julio de 1955.
Estado civil: casado.
Hijos: Alan, de 22 años; Agustino, de 19, y Bruna, de 12 años.
Estudios: ciencias económicas y derecho
Profesión/cargo: presidente de Editorial Perfil S.A.

Antecedentes periodísticos: a los 20 años dejó sus estudios de ciencias económicas y fundó la revista La Semana, predecesora de Noticias, el medio en su tipo de mayor circulación en lengua española. Durante su carrera se convirtió en uno de los grandes hacedores de medios de comunicación de la Argentina. En 2005 relanzó el diario Perfil.

Años de ejercer periodismo: 30.

Reconocimientos: en 1997, la Universidad de Columbia le otorgó el premio Moors Cabot y la Fundación Konex de la Argentina el premio a la dirección periodística; en 2000, Brasil, donde vivió dos años, le concedió la Orden de Rio Branco.

Ficha del caso

Cómo y dónde fue detenido: debió enfrentar la persecución de la última dictadura militar argentina, que primero lo mantuvo secuestrado e incomunicado en el centro clandestino de detención El Olimpo, de la ciudad de Buenos Aires, (1979) y luego lo obligó a partir hacia Venezuela y asilarse en los Estados Unidos (1983).

Posibles móviles: su postura independiente le valió decenas de juicios de presidentes y funcionarios, atentados y castigos económicos.

Presuntos autores/implicados: en 1979, el Grupo de Tareas del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo del general Guillermo Suárez Mason; en 1983, el gobierno de Reynaldo Bignone.

Consecuencias violentas: pérdida de la libertad, tortura y exilio.

Irregularidades en el proceso: no reclamó ni recibió resarcimiento alguno de parte del Estado.