En Buenos Aires, la SIP enfocará debate sobre leyes que afectan a la prensa

Miami (4 de noviembre de 2009) – La nueva ley de radiodifusión aprobada en Argentina y una legislación sobre comunicación en trámite en Ecuador serán, parte del foco central de las discusiones que este viernes empezarán a sostener unos 500 editores de las Américas en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Buenos Aires.

En su habitual revisión semestral sobre la libertad de prensa, la SIP analizará todo tipo de disposiciones gubernamentales que implican medidas de censura sobre la labor periodística e injerencia en los contenidos editoriales. Entre ellas, figura la discriminación en el otorgamiento de la publicidad oficial (ej. Aruba, Venezuela); restricciones sobre propaganda electoral (ej. Colombia), limitaciones al acceso a la información oficial (ej. Bolivia); propuestas de control de contenido (ej. El Salvador, Uruguay) y disposiciones judiciales que imponen censura previa (ej. Brasil).

La prensa como blanco favorito de gobiernos autoritarios que al señalarla como instigadora de la desestabilización, justifican sus políticas violatorias, ocupará un espacio particular durante la asamblea; así también se dedicará un panel para estudiar las tendencias de la jurisprudencia latinoamericana sobre la quebrantada libertad de prensa en la región.

La nueva Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina será analizada como objeto de presión sobre la propiedad de los medios. Un panel debatirá el domingo próximo sobre la creación del organismo supra estatal de aplicación y sobre la inconstitucionalidad de la ley.

En Ecuador, una iniciativa legal de Comunicación, prevé un organismo que podrá sancionar no solo a los medios radioeléctricos sino también a los periódicos, obligándolos a registrarse anualmente y a tener códigos de ética y contratar ombudsman.

El acceso a la información oficial también será enfocado en los debates, especialmente el estancamiento de proyectos de ley en países como El Salvador y Bolivia, y la mediocre aplicación de la ley en Chile.

La discusión también se centrará en dos proyectos de ley en el Parlamento canadiense que exigen a las empresas de telecomunicaciones que modernicen su tecnología con mayor capacidad de vigilancia, documentos que las autoridades podrán solicitar por razones de seguridad nacional. Sobre Estados Unidos, la SIP analizará el retraso del Senado para sancionar una ley federal de protección de fuentes periodísticas que hace dos años aprobaron los diputados.

Entre otras disposiciones que llaman la atención, se pasará revista a novedades sobre las nuevas tecnologías que tienen que ver con el primer caso de una persona condenada por un mensaje en twitter en Guatemala y la primera condena en Uruguay tras una publicación en internet. Este tema digital, tanto en materia de libertad de expresión como de ética, tendrá un tiempo de discusión en un panel el domingo próximo.

La SIP también revisará numerosas formas de control que a través de leyes, decretos o fallos judiciales se están imponiendo a los medios de comunicación en El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela; además de la suspensión de garantías constitucionales dictadas en Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio. 

 

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