La SIP resalta importancia de fallo judicial en Argentina

Seguirá versión en inglés.


 


La SIP resalta importancia para el continente americano


De fallo judicial en Argentina sobre publicidad del Estado


 


Insiste a los congresos de la región para que legislen sobre criterios transparentes, técnicos y de diversidad y pluralidad en el manejo de los fondos públicos para el otorgamiento de publicidad y propaganda oficiales.


 


Miami (10 de septiembre de 2007) – La Sociedad Interamericana de Prensa señaló que un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que prohíbe al Estado discriminar a los medios de comunicación al suprimir o reducir en forma arbitraria la colocación de publicidad oficial, “debe ser considerado un antecedente jurídico importante a ser imitado en aquellos países en que existe ésta práctica habitual y corrupta totalmente contraria a la libertad de prensa”.


 


El 5 de septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación  falló contra el gobierno de la provincia de Neuquén y su gobernador Jorge Sobisch por el retiro de la publicidad oficial del diario Río Negro. La Corte Suprema consideró que el gobierno provincial “discriminó” a la Editorial Río Negro por su línea editorial crítica a la administración pública. La sentencia estableció que el Estado “no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios”.


 


La Corte, en fallo dividido, estableció que el Estado tampoco “puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”, al tiempo que exhortó al gobierno provincial a que en el plazo de un mes establezca criterios razonables para la distribución de la pauta publicitaria.


 


El presidente de la SIP, Rafael Molina, dijo que el reciente fallo enaltece el reclamo que viene haciendo por décadas la SIP y establece jurídicamente que “la discriminación de parte del Estado con la publicidad oficial es una coacción indirecta contra la libertad de prensa“.


 


“Es necesario ahora profundizar este fallo histórico a favor de la libertad de prensa”, reclamó Molina director del diario dominicano El Día. “El Congreso argentino, así como los legisladores del resto del continente deben retomar este debate y crear leyes que redondeen estos criterios jurídicos para no permitir que los gobiernos sigan utilizando la publicidad oficial como una manera de discriminar, coartar la libertad de prensa y, por ende, limitar el derecho del público a saber”.


 


La SIP viene reclamando en forma constante sobre este tipo de discriminación. En lo que va del año, la organización hemisférica se pronunció contra la discriminación de publicidad oficial sobre medios de Aruba, Guyana, Uruguay, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela. En Argentina, los reclamos de la SIP son de vieja data e incluyen a los gobiernos provinciales de Córdoba contra los diarios La Voz del Interior y La Mañana; de Santiago del Estero contra de El Liberal; de Misiones contre El Territorio; mientras que a nivel nacional la SIP criticó la discriminación que practica el gobierno del presidente Néstor Kirchner, especialmente, contra Editorial Perfil.


 


Gonzalo Marroquín presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, enfatizó que “el fallo de la Corte es un precedente incalculable en defensa de la libertad de prensa” y que servirá “como antecedente para otros recursos judiciales contra el Estado nacional promovidos por otros medios como la revista Noticias y Editorial Perfil”.


 


Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, dijo que la SIP está complacida con la sentencia, recordando especialmente una visita de una delegación internacional que lideró a Neuquén en marzo de 2005, durante la cual se entrevistó con el gobernador Sobich y otras autoridades. En aquel entonces, la SIP concluyó: “En esta situación de polarización política y de falta de tolerancia ante la crítica, la SIP no se sorprendió que la publicidad oficial en los medios de comunicación fuera otorgada con un sentido discriminatorio y arbitrario para castigar a aquellos medios que tienen una actitud editorial crítica sobre los actos gubernamentales. Tal es el caso del diario Río Negro y otros medios de comunicación electrónicos, los que han sufrido una dramática caída de la pauta publicitaria oficial, exactamente después de denuncias periodísticas, lo que evidencia un sistema de represalia”.


 


En alusión al pedido de Molina, Marroquín expresó que sobre la base de la transparencia de los actos públicos, los gobiernos deben regular sobre el otorgamiento de publicidad y propaganda estatales. “Toda legislación sobre esta materia debe contener principios técnicos y objetivos basados en la distribución, circulación y penetración de los medios, además de contemplar criterios de pluralidad y diversidad para que todos los medios, de diferentes tamaños y tendencias editoriales puedan ser razonablemente alcanzados por las políticas de otorgamiento de publicidad, y así de esa forma el Estado pueda llevar su mensaje a una población tan vasta como diversa”.


 


La SIP viene orientando sobre este tema a través de resoluciones específicas que fueron apareciendo tras sus asambleas y reuniones semestrales. Un resumen de ellas sobre el tema de la discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial, establece:


 

Reiterar la condena y repudio a todo manejo discriminatorio y sin ningún fundamento técnico de la publicidad oficial y otro tipo de medidas económico administrativas, utilizados como una forma de instrumento para privilegiar o castigar a los medios de comunicación y para influir en las decisiones editoriales y políticas informativas de éstos.
Insistir en la denuncia de este tipo de conductas como graves ataques a la libertad de prensa y actos de corrupción por el uso indebido que se hace de los recursos públicos en beneficio de los intereses privados de sus administradores transitorios.
Condenar a aquellos medios o aquellos periodistas que se benefician de estas prácticas irregulares e ilegítimas o que incluso con sus conductas se hacen cómplices de estas prácticas corruptas.
Reclamar a los gobiernos de todo el continente que erradiquen este tipo de prácticas ilegítimas y castiguen a quienes sean responsables de actos de esta naturaleza.

El conflicto en Neuquén se originó tras la publicación en el diario Río Negro sobre denuncias por corrupción que hizo el diputado provincial de Neuquén, Jorge Taylor, contra el gobernador Sobisch. Luego de ello, el gobierno provincial dispuso el cese de la pauta publicitaria y limitó el acceso a la  información pública a los periodistas del diario. En enero de 2003, el diario interpuso un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia a efectos de que cese la discriminación y se le restituya la pauta publicitaria.


 


Molina y Marroquín expresaron que la SIP distribuirá la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina entre sus asociados y esperan que la asamblea general de la SIP, a reunirse en octubre próximo en Miami, emita una resolución para invitar a todos los gobiernos del continente americano para que adopten medidas similares que “limiten ésta práctica habitual y corrupta totalmente contraria a la libertad de prensa”.


 


A continuación, texto del comunicado oficial de la Corte Suprema de Justicia de Argentina:


 


LA CORTE DECLARÓ EN EL FALLO DICTADO EN LA CAUSA “EDITORIAL RÍO NEGRO SA C/ NEUQUÉN PROVINCIA DEL S/ ACCIÓN DE AMPARO” QUE NO ES LÍCITO PRIVAR DE PUBLICIDAD OFICIAL A UN DIARIO CUANDO DIFUNDE UNA NOTICIA CONTRARIA AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN


 


HECHOS:


El día 7 de diciembre de 2002 el diario Río Negro, difundió una noticia que expresaba que:


1) El gobernador de la Provincia del Neuquén pretendía cubrir vacantes de jueces en la corte provincial, con abogados vinculados a su persona;


2) Que, -como no conseguía quórum para su tratamiento en la legislatura- se pretendió dar un dinero a un diputado para que asistiera a las sesiones. La información se fundó en una denuncia efectuada por otro legislador que manifestó haber recibido la propuesta.


3) El referido medio afirma que, como consecuencia de ello, la Provincia le quitó totalmente la publicidad oficial que le daba en forma habitual.


4) La firma Editorial Río Negro SA promovió una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, con el objeto de que se “le imponga el cese de la arbitraria decisión” de privar al diario “Río Negro”, que ella edita, y a sus lectores “de la publicidad oficial de los actos de gobierno de esa provincia y restituya la distribución de la publicidad oficial que se [le] atribuía normalmente” para su publicación en dicho diario.


5) La Provincia negó los hechos y manifestó que el cese de la publicidad se debía a razones económicas vinculadas al “compre neuquino”, es decir, contratar priorizando las empresas de la provincia del Neuquén y no de Río Negro. 


 


DOCTRINA


La sentencia de la Corte condenó a la Provincia a que las futuras publicidades no sean adjudicadas de modo discriminatorio y a que, dentro de los treinta días, presente un plan de distribución de  publicidad oficial respetuoso de las reglas consagradas en el fallo.


 


La mayoría estuvo integrada por los ministros Lorenzetti, Highton, Fayt y Zaffaroni. En disidencia votaron los jueces Argibay y Petracchi y Maqueda.


 


El voto de la mayoría de la Corte, suscripto por el presidente, Dr Ricardo Luis Lorenzetti, su vicepresidente, Dra Helena Highton y el Ministro Raúl Zaffaroni especifica que:


 


a) se ha probado que el Estado provincial contrató publicidad oficial con la editorial reclamante en la causa de marras, la interrumpió luego de la noticia y la volvió a otorgar después de promovida la demanda. b) no hay un derecho por parte de los medios a obtener una determinada cantidad de publicidad oficial. No hay ninguna ley nacional ni declaración de derechos en el ámbito internacional que establezca ese derecho positivo. El Estado tiene libertad para asignar los recursos, pero no puede hacerlo como un modo indirecto de limitar la libertad de expresión c) el gobierno no sólo debe evitar medidas orientadas directamente a limitar la libertad de prensa, sino también aquellas que producen el mismo resultado de manera indirecta. El factor económico tiene una fuerte influencia en la prensa actual, y la distribución de publicidad no debe ser utilizada para afectar la libertad de expresión. d) el Estado no puede asignar los recursos de manera arbitraria, ni en base a criterios irrazonables. e) el Estado es quien tiene la carga de probar que la medida tuvo una justificación razonable; los criterios lo son en tanto sean “neutros en relación a los puntos de vista del medio de comunicación”. f) en el caso se quitó temporariamente la publicidad como un modo de censurar indirectamente una noticia del diario que era inconveniente para el gobierno, lo cual no está permitido en el derecho argentino. g) esta sola medida es suficiente para configurar un acto prohibido, y no es necesario que se demuestre un perjuicio patrimonial determinado o la asfixia económica. h) no es una acción de responsabilidad civil, sino un amparo contra el ejercicio de un derecho extrapatrimonial.  i) es deber de los tribunales proteger los medios para que exista un debate plural sobre los asuntos públicos, lo que constituye un presupuesto esencial para el gobierno democrático.


 


El Dr Fayt hizo un voto propio que coincide en la parte resolutiva. En los fundamentos sostiene, con una abundante cita fundamentos de derecho comparado, la misma solución que sostuviera en un fallo anterior (EMISIONES PLATENSES S.A. S7.  AMPARO). La publicidad oficial tiene una incidencia importantísima como modo indirecto de afectar la libertad de prensa y el Estado debe acreditar la existencia de motivos razonables que justifiquen su decisión de negarla.


 


El voto coincidente de los jueces Petracchi y Argibay sostiene que acuerdan con el criterio general de que la negativa de publicidad oficial puede constituir una afectación de la libertad de prensa expresado por el voto de la minoría de la Corte en “EMISIONES PLATENSES S.A. S7.  AMPARO” del año 1997. A diferencia del voto de la mayoría en este caso, sostienen que la desigualdad en el trato publicitario debe ser acreditado por el reclamante y ello no ha sido probado en el caso. Por otra parte, se requiere, a diferencia del voto de la mayoría, la prueba de una afectación de la estabilidad económica en la empresa periodística, lo que no ha sido probado en el caso. Se sostiene en el voto que la prueba ofrecida ha sido muy débil como para hacer lugar a la demanda. Por ello deciden que se rechaza la demanda.


 


El voto del Juez Maqueda sostiene que es verdad que la Constitución obliga al gobierno a proteger a los medios de prensa de aquellas acciones que afecten su normal desenvolvimiento y a custodiar su actividad respecto de maniobras monopólicas que perjudiquen su regular funcionamiento o de actividades de competencia desleal que vayan en menoscabo de la libre propalación de las ideas mediante la prensa. Los jueces deben evitar la restricción estatal o privada al normal despliegue de la actividad de los órganos periodísticos, pero en el caso de la negativa a brindar publicidad contra el pago de un precio en dinero, es un asunto distinto, propio del riesgo del negocio. Además, señala que la actora admite claramente que la publicidad tenía una escasísima influencia en su actividad económica. En el caso no hay una minoría excluida o sectores de escasos recursos, y por lo tanto no se configura una afectación a la libertad de expresión. La admisión del derecho a recibir publicidad oficial convertiría a la empresa periodística en una categoría privilegiada, por el sólo hecho de serlo y sin consideración a otras alternativas. No hay en los tratados internacionales ni en la constitución una norma que establezca un derecho a la publicidad oficial. En cuanto a la posibilidad de ilicitud de la restricción de publicidad dada, como ocurre en el caso, sostiene que debe probarse la existencia de una reducción concreta que afecte la economía del medio, conectada causalmente con una noticia, la intencionalidad de los funcionarios de usar instrumentalmente la publicidad oficial y la ausencia de una justificación razonable. Ello no ha sido probado en la causa.


 


No es posible imputar a la provincia omisión alguna porque resultaba necesaria la demostración de la existencia de una regla que impusiera al gobierno provincial el deber de ampliar el marco de la libertad de prensa mediante la distribución de la publicidad oficial a favor de la actora en los términos requeridos en la demanda.


 


Información de Prensa N° 106                              Buenos Aires, 5 de septiembre de 2007


 


 

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